La oposición en el Ayuntamiento de Sant Antoni presentó ayer un escrito en el Consistorio por el que reclama que se mejore la limpieza en el municipio, retirando dos vallas metálicas depositadas en la playa, junto al tramo del paseo marítimo situado en las inmediaciones del Bar Kanya, y los restos de basura de todo tipo arrojados desde la acera por los operarios de limpieza usando una manguera.

«Queremos denunciar este hecho porque es una prueba más de que la empresa FCC no hace su trabajo correctamente y por parte del Equipo de Gobierno no hay ningún control», explicó la edil del PSOE+ExC, Marga Serra, quién añadió que «de hecho, el Ayuntamiento sólo actúa a medida que va recibiendo quejas».

«Es muy grave que los restos sólidos del paseo sean arrastrados con la manguera a presión y sean depositados en la zona de rocas por parte de una empresa que pagamos todos», añadió.

Serra recuerda que Sant Antoni «vive de una imagen que, tanto quienes viven en él como quienes lo visitan, se merecen que sea impecable».

La oposición también aprovechó para recordar al Ayuntamiento que los servicios de la empresa FCC cuestan al erario público unos tres millones de euros al año.

EFE

El ex jefe de Mantenimiento de Turisme Jove Juan Francisco Gosálbez ha negado haberse lucrado con fondos públicos en la supuesta trama de corrupción de ese consorcio y ha atribuido a Damia Amengual y Juan Francisco Gálvez la mayor parte de la responsabilidad de lo ocurrido.

Gosálbez, jefe en el citado consorcio con el anterior gobierno popular de Balears, compareció ayer a petición propia, después de haberse negado a hacerlo dos veces con anterioridad.

El detenido ha comparecido ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro -sustituto del juez Antoni Rotger, que está de vacaciones-, para una declaración que ha durado unas cinco horas y que ha constado de dos partes.

En la primera parte, todos los abogados personados en la causa han estado presentes, mientras que posteriormente ha tenido lugar una declaración secreta a la que sólo han asistido el juez, los fiscales de anticorrupción, Gosálbez y su abogado.