C. R.

La Conselleria d'Obres Públiques del Govern ha decidido finalmente rescindir el contrato para realizar la auditoría de las autovías con la empresa Proyecto y Control S. A. (Pycsa)-Aneto Consultores. El motivo es que Pycsa y una de las constructoras de la autovía al aeropuerto, Ortiz Construcciones y Proyectos, son socias en un proyecto de la cuenca del Segura.

El Consell Consultiu ha determinado que Pycsa, al tener esta relación empresarial con Ortiz Construcciones y Proyectos, incumplía una cláusula fijada por el Govern, y es que la empresa que va a auditar las obras no puede tener ninguna relación con alguna de las constructoras de las carreteras.

Desde la Conselleria explicaron ayer que esta vinculación hacía inviable que Pycsa pudiera realizar el trabajo por un problema de imparcialidad. Ahora, el Govern deberá convocar un nuevo concurso para que se vuelvan a presentar empresas. Esto se hará en septiembre y habrá dos meses de plazo para valorar las ofertas y seis meses para redactar la auditoría. Desde la Conselleria calculan que el trabajo podrá estar listo en mayo o junio de 2009.

Este no es el primer retraso que ha sufrido esta auditoría, que deberá analizar si los proyectos de las autovías al aeropuerto y a Sant Antoni se hicieron correctamente. La primera vez que salió a concurso, a principios de 2008, se detectó un error en la redacción del pliego de condiciones. Hubo que volver a convocarlo y se adjudicó al cabo de unos meses a Pycsa, una adjudicación que finalmente ha sido fallida.

Desde la Conselleria «lamentan» el retraso pero insisten en que han cumplido la ley a rajatabla. Tampoco se podía coger la segunda empresa mejor puntuada en el concurso, lo que hubiera acortado los plazos, porque el Consell Consultiu consideró que no era posible, porque la aplicación «estricta» del procedimiento administrativo «lleva a la convocatoria de otro concurso».

Desde Pycsa consideraban que sí que podían realizar la auditoría porque el trabajo conjunto con Ortiz era muy diferente y se desarrolla en otra comunidad autónoma, pero desde la Conselleria creen que no se puede producir el «despropósito» de que tengan algún tipo de vinculación.

El Govern destaca que es positivo que la rescisión del contrato se haya producido por un mutuo acuerdo con la empresa, porque de lo contrario se podría haber entrado en pleitos y recursos. Pycsa no llegó a presentar ni siquiera alegaciones.

Desde la Plataforma Antiautopista, una de sus portavoces, Fany Tur, explicó que la auditoría es «urgente» y pidió al Govern que se haga un concurso «con garantías» para que no pueda volver a pasar algo así. «Lo que queremos es que se haga una auditoría con equidad e independencia, porque consideramos que la auditoría será un ahorro porque desenmascará por qué hubo precios desorbitados en la construcción de las carreteras y si había motivos técnicos para hacer una obra en trinchera», explicó Tur, que recordó que la auditoría es un compromiso político. «Era evidente que esta empresa no ofrecía garantías y es mejor parar y reiniciar el proceso», añadió.

Desde el Consell mostraron su satisfacción con la decisión del Govern.