S. Parra10/08/08 0:00
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La portavoz y el secretario de Organización de la Federación Socialista de Eivissa (FSE), Laura Carrascosa y Julián Aguilar, comparecieron ayer en rueda de prensa para defender al actual director de Relacions Ciutadanes del Consell Insular d'Eivissa, Paco Chamizo, de las acusaciones de enriquecimiento ilícito gracias a contratos con las Administraciones, tal y como ha denunciado el Partido Popular.

Los socialistas defendieron la legalidad de las actuaciones de Chamizo, aseguraron que los pagos eran por actuaciones anteriores a su nombramiento y acusaron al PP de realizar «una campaña pública de linchamiento» contra el director insular «por ignorancia de lo que dice la ley o mala fé», apuntó Aguilar.

«El PP denota una total ignorancia de unos contratos legales y que están avalados por los servicios jurídicos del Consell», aseguró el responsable de los progresistas. «Mantener la mayoría de las acciones es perfectamente legal puesto que la ley lo único que dice es que no puede figurar como administrador de la empresa y no cobrar de la misma», aseguró el secretario de organización.

Enero

«Lo único que especifica la ley es que, si se dispone de más del 10% de las acciones, no se puede contratar con su empresa y no ha sido así», añadió Aguilar antes de asegurar que los pagos denunciados por los populares «son de actuaciones anteriores a su incorporación en enero».

«Es que parece que se haya creado una empresa al uso para cobrar del Consell pero empezó a trabajar con la institución insular y con Vila desde la época de Marí Calbet. Da la sensación que el delito que ha cometido es ser miliante socialista», sentenció.

Por su parte, Carrascosa aseguró que los populares «han iniciado una campaña de persecución política y personal». «No es la primera vez que estando en la oposición realizan una caza de brujas, que recuerda a otras épocas, en que intentan socabar la libertad y la democracia».

Los socialistas defendieron que el contrato por casi 30.000 euros para la elaboración del nuevo logotipo del Consell fue adjudicada a Puntoiaparte, la firma de Chamizo, con total legalidad puesto que, aunque la cantidad máxima del proyecto estaba en el límite, podía adjudicarse por procedimiento negociado y no hacía falta su licitación.

«¿Me gustaría saber cuantas adjudicaciones con negociado y al límite de los 30.015 euros que fijaba anteriormente la ley ha realizado Carmen Domínguez (consellera del PP)?», se preguntó Aguilar.