El Consell ha comenzado una ofensiva contra los taxis pirata que incluirá el reparto de 100.000 folletos en los que se advierte a los turistas de los riesgos que implica subirse a este tipo de transporte. «Se les explica que es un servicio ilegal que no tiene garantías y también se les da información sobre las líneas de bus existentes y las ventajas de coger un taxi oficial», explicó el conseller de Mobilitat, Albert Prats, que indicó que estos folletos irán acompañados de 200 carteles que se colgarán en diferentes puntos y en los que también se advertirá sobre los 'ilegales'.
Además, el Consell ha contratado a cuatro subalternos durante el mes de agosto y parte de septiembre que harán encuestas, estudios y control de todo el transporte público de la isla. Estos trabajadores se subirán a autobuses y taxis y observarán lo que ocurre en las colas de las paradas. «También se infiltrarán, harán de viajeros misteriosos, cogerán taxis para comprobar que todo se hace bien», explicó Prats, que indicó que este personal, que cobrará 1.300 euros brutos, elaborará un diagnóstico que indicará si el transporte público es suficiente. «Supongo que dirán que no, porque nos queda todavía mucho por hacer», añadió el conseller.
Este anuncio coincidió ayer con el primer día del mes de agosto, en el que estaba previsto que comenzaran a circular 33 taxis temporales más de Vila, Sant Josep y Sant Antoni. A éstos se podrían sumar dos más que están tramitando la documentación. En el primer turno, que también abarca el mes de agosto, han habido 28 taxis, lo que sumado a los 33 de ahora da un resultado total de 61 vehículos. Prats destacó que son unos cuantos más que en agosto pasado, cuando hubo 54, y que habría más si todos los ayuntamientos se hubieran coordinado con el Consell, en referencia al desmarque de los consistorios del PP.
Por otro lado, el Consell Executiu impuso ayer cuatro sanciones a personas o empresas que incumplen la normativa en materia de transportes terrestres. Se fijó una multa de 1.501 euros a un taxi pirata que fue denunciado por la Policía Local de Sant Josep en septiembre de 2007. El particular circulaba desde Sant Antoni a Sant Josep realizando un servicio discrecional de viajeros en un vehículo de nueve plazas sin contar la correspondiente autorización administrativa.
También se acordó una sanción de 4.601 euros a una entidad de transportes por una infracción muy grave al no contar con la correspondiente autorización.
Otro expediente, iniciado en abril de 2008, se refiere a una entidad de transportes que realizaba un servicio público de arrendamiento de vehículos con conductor transportando a dos pasajeros y sin informar a la Administración.
El conseller de Mobilitat, Albert Prats, explicó que los autobuses lanzadera que ha puesto en marcha el Consell y que conectan el aeropuerto con Sant Antoni y Vila están teniendo «mucho éxito». No tanto la línea con Santa Eulària, que también hace un recorrido hasta es Canar.
El Consell Executiu aprobó ayer los contratos con las compañías de autobús que operan en Eivissa. Los pagos iniciales ascienden a 400.000 euros, aunque la Conselleria tiene previsto desembolsar durante todo el año 761.000 euros. El coste de la línea de Vila a Cala Llonga tiene un coste de 7.793 euros, la de Cala Vedella, Cala Tarida, es Cubells y Eivissa alcanza los 17.825, la de Eivissa Can Bellotera 80.903 euros, la de Sant Antoni a Sant Mateu 10.655 y la circular de Can Bonet a Can Coix y Sant Antoni 76.744. También se aprobó una subvención directa de 79.424 euros para cubrir el déficit de explotación de varias líneas de Portinatx, Cala Sant Vicent y Sant Llorenç.
El equipo contratado por el Consell para estudiar la situación del transporte en Eivissa también dedicará una semana a estudiar la movilidad dentro del parque natural de ses Salines y los flujos de tránsito que existen en los diferentes puntos, además de la saturación que se da en las zonas de aparcamiento. «Esto nos servirá para que el próximo verano tengamos preparada una opción de movilidad dentro del parque que ojalá se pueda poner en marcha la temporada que viene», explicó Albert Prats.
De los 33 nuevos taxis temporales que hay desde ayer en la calle hay diez que pertenecen a titulares pese a que la patronal había conminado a sus socios a que no aceptaran este tipo de permisos. Se trata de seis de Sant Josep y cuatro de Vila. El resto son siete asalariados de Sant Josep y 16 de Vila. Precisamente la patronal del taxi de Vila expulsó esta semana a 20 socios porque siguen trabajando con los asalariados que han aceptado las licencias estacionales otorgadas por el Consell. Según la asociación, estos titulares se aprovecharon de las licencias que otros titulares rechazaron.
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