Sa Graduada sigue siendo la opción principal para ubicar el nuevo edificio judicial

El Ayuntamiento de Eivissa ofreció ayer al Ministerio de Justicia todo el solar de sa Graduada para que se puedan construir los nuevos juzgados de la ciudad, una resolución que tuvo que adoptar después de que se conociera que los técnicos ministeriales consideraban inadecuado y escaso el terreno que se ofrecía dentro del antiguo colegio y que dejaba fuera la parte protegida de este edificio. Esta decisión supondría eliminar la Escuela Municipal de Música y el Auditorio previsto en la parte protegida del antiguo colegio.

Así lo aseguró ayer el conseller de Presidència del Govern, Albert Moragues, tras reunirse ayer con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, para negociar el traspaso de competencias en la materia, unas conversaciones bloqueadas por las dificultades para crear un nuevo edificio judicial que substituya a la actual sede.

«En la reunión hemos llegado a la conclusión de que la oferta que ha realizado el Ayuntamiento resulta insuficiente. Lo que nos ofrecían dentro del proyecto Eivissa Centre es insuficiente para ubicar una instalación judicial que tenga una cierta visión de futuro, para que en unos pocos años no sea necesario construir ampliaciones que, además, allí no se podrían hacer y supondrían tener que trasladar juzgados», apuntó.

Escuela de Música

Tras rechazar el Gobierno la alternativa puesta sobre la mesa, la delegación balear se puso en contacto con la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa. «Tras consultar con los técnicos, nos ha comentado que, además de la oferta inicial de parte del colegio de sa Graduada, se ofrecía el resto de la instalación que el Ayuntamiento se quedaba para hacer algunas infraestructuras municipales», añadió el conseller, quien reiteró: «Nos ha dicho que estarían dispuestos a renunciar a ubicar ahí la Escuela de Música y a añadir esas instalaciones a la oferta».

«Desde el Govern le hemos dicho al Ministerio que, si se hace algo en Eivissa, no queremos nuevos problemas dentro de cinco o seis años. Con la experiencia del crecimiento de las unidades judiciales en Eivissa en los últimos ejercicios, en poco tiempo el edificio quedaría saturado y se tendría que buscar otro emplazamiento», apuntó el conseller balear. «Nos gustaría que, ya que el Gobierno hace una inversión de este tipo, no fuera a corto plazo sino que la instalación fuera viable a un plazo de 20 o 25 años, que suele ser la vida útil de un edificio», concluyó.

La oferta realizada por el Ayuntamiento permite mantener viva la negociación sobre los nuevos juzgados, si bien no significa que éstos puedan realizarse dentro del proyecto 'Eivissa Centre' o que las obras puedan iniciarse en breve, aunque Moragues así lo espera.

«En los próximos días una delegación de técnicos del Ministerio y del Govern se reunirán con los del Ayuntamiento para conocer qué supone realmente la inclusión de los nuevos terrenos porque, en este momento, no sabemos a ciencia cierta la superficie o la edificabilidad que se gana y si sería viable», explicaba el representante del Govern, quien añadía: «Hemos quedado que, si todo está correcto, nos volveremos a reunir antes de que acabe el mes ya que agosto es inhábil y nos interesa mucho solventar este tema porque resolver el problema de Eivissa es un paso imprescindible antes de tratar otros temas del conjunto del traspaso de competencias. Si fuese posible, los trabajos se podrían iniciar muy rápidamente».

El Ministerio ha trasladado al Govern un documento completo para llevar a cabo el traspaso de las competencias en el que cifra la dotación anual de la cesión en 51'17 millones de euros.

Desde el Ministerio se explicó que en la cifra ofrecida se contemplan las actualizaciones con el paso de los años, si bien puntualizó que el Gobierno está dispuesto a aportar «financiación adicional» al coste efectivo «si los datos objetivos hicieran razonable» ese requerimiento.

Moragues no entró a valorar la oferta de seis millones de euros anuales para infraestructuras y que sumarían un total de 66 millones aportados por el Govierno para esta partida, además de 25 millones para instalaciones como los juzgados de Maó, Ciutadella y Eivissa (que supondrá 15 millones).