El Ayuntamiento de Sant Antoni ha decidido dar un paso más en su petición de modificación del deslinde y ha recurrido a la Audiencia Nacional mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la Dirección General de Costas.
Esto se debe a que el Consistorio no recibió respuesta alguna de Costas a su requerimiento previo para la rectificación, modificación o anulación del deslinde para las zonas ya edificadas de Cap Negret, Punta Galera y Cala Gració. El Ayuntamiento argumenta en este sentido que se trata de suelo consolidado y que se verá afectado por los 100 metros de protección que propone Costas. Por ello, insiste en su solicitud de que la protección se reduzca a 20 metros, debido a que, explica, «no existen planes parciales aprobados definitivamente antes de la Ley de Costas de 1988», por lo que «estos espacios estaban consolidados como urbanos con anterioridad a esa fecha».
En el recurso, el Ayuntamiento solicita además «la suspensión de los efectos» del deslinde «para impedir que cause perjuicios de imposible o difícil reparación a los propietarios de la zona o a sus intereses legítimos».
Asimismo, el Ayuntamiento agrega que la decisión de Costas «es un acto administrativo que afecta a una pluralidad indeterminada de personas» y pide por ello también «la suspensión de su ejecutividad».
Cabe recordar que el alcalde José Sala fue facultado mediante un pleno municipal, con la oposición del grupo PSOE-ExC, para presentar el requerimiento y el contencioso en nombre del Ayuntamiento frente a esta resolución.
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