La agencia de Qualitat Ambiental i Litoral ha abierto un expediente administrativo para depurar responsabilidades en el tema de los vertidos de tierras procedentes de la construcción de las autovías. Se trata de una serie de investigaciones que comenzarán la próxima semana y que incluirán a los distintos actores involucrados en la construcción de las carreteras como son el promotor, la conselleria de Obres Públiques y el contratista, la empresa Accesos UTE Ibiza. También se investigará «a los Ayuntamientos que permitieron el acopio», debido a que las tierras se han vertido en el municipio de Sant Josep, en terrenos del Grupo de Empresas Matutes, y en la finca Can Cardonet, en Sant Antoni. Así lo explicó el director general de Qualitat Ambiental y del Litoral, Josep Lliteres: «Habiendo constatado que estos vertidos existen en la actualidad, que contienen residuos potencialmente peligrosos y que llevan más tiempo del permitido, mi función como director general es abrir un expediente para determinar quién es el culpable de ello», aseguró Lliteres.
El director general estuvo presente en las catas periciales que técnicos de la conselleria realizaron para el Juzgado de Eivissa el pasado miércoles, debido a que esta investigación administrativa se sigue de forma paralela a la causa judicial que intenta determinar si hay un delito ecológico en los vertidos.
Lliteres confirmó que en las catas se hallaron restos de asfaltos entre las tierras, pero explicó que las muestras deberán ser analizadas en Madrid para determinar si se trata de un residuo peligroso. En este sentido, explicó que «si el asfalto está compuesto de hulla es residuo peligroso, pero si procede del alquitrán, no lo es». «Ahora el Juzgado tendrá elementos para analizar cómo prosigue la causa», agregó el director.
Por otra parte, en la investigación administrativa se intentará determinar cuánto tiempo lleva el vertido en estos terrenos, debido a que, según explicó Lliteres, «la Ley establece que un acopio temporal de residuos peligrosos debe ser de seis meses mientras que si no es peligroso, de 24». «Abrimos un expediente para aclarar cuánto tiempo llevan las tierras allí, quién es el responsable y si ha incumplido alguna normativa. Si hay responsabilidades sancionaremos, sea quien sea», agregó Lliteres. En este sentido, las multas pueden superar los 300.000 euros en caso de que sea una «sanción muy grave de residuos peligrosos». Para el director general, «todo parece indicar que ha habido una incorrecta gestión de residuos peligrosos».
Auditoría interna
Esta investigación empieza después de que esté a punto de finalizar una auditoría interna para determinar si en la misma conselleria de Medi Ambient hubo errores administrativos con respecto a los vertidos. Según Lliteres, hasta el momento se ha determinado «que los servicios técnicos obraron en función de lo que es habitual hacer»: «Llegaron unas denuncias de grupos ecologistas diciendo que había unos vertidos, se pidió información al que en esos momentos era el promotor, conselleria de Obres Públique, y desde allí se dijo que los vertidos eran temporales y que se reutilizarían las mismas obras. Pero lo que sucede es que no se han reutilizado, siguen aquí», concluyó.
Desde Obres Públiques explicaron ayer que las tierras no se retirarán hasta que no finalicen todas las pruebas judiciales. Sin embargo, mantienen que una vez acabado este proceso las tierras serán retiradas por la UTE Accesos Ibiza (MAB y Ortiz) pese a que las obras hayan terminado. Una vez se retiren las tierras, que deberán ser tratadas para que vuelvan a su estado original, se podrá analizar el subsuelo para averiguar si hay contaminación y ver si se ha incurrido en delito ecológico. C. R.
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