Los populares quisieron demostrar ayer que su portavoz, Pere Palau, no mintió durante el pleno de la moratoria cuando dijo que el presidente Xico Tarrés dio una licencia al edificio Arabella en pocas horas cuando era alcalde de Vila.
El equipo de gobierno del Consell cree que no se pueden comparar los casos Benirràs y Arabella. Por un lado Arabella solicitó el permiso en septiembre de 2000 y se le concedió nueve meses después. Entretanto se produjeron «19 trámites administrativos diferentes». En cambio en Benirràs la solicitud y la concesión se produjo en un caso con sólo 24 horas de diferencia y en el otro con sólo un fin de semana de por medio. Además, desde el Consell indicaron que el edificio Arabella está en el paseo marítimo de Vila, en una zona urbana «que no iba a cambiar de calificación» y en cambio las de Benirràs se encuentran «en un espacio natural de gran valor, que el Govern confirmó que quería proteger pocos días antes de la petición de permisos». Desde el Consell lamentaron la «falta de seriedad» del PP y les acusaron de falsear la información. También recordaron que el juez absolvió al Consistorio en el caso Arabella.
Según el PP, Arabella SA presentó un proyecto pidiendo una licencia el 27 de septiembre de 2000, un permiso que el Ayuntamiento le denegó por contar con informes técnicos negativos y porque se presentó un día antes de la suspensión de licencias. En mayo de 2001, Tarrés pidió un informe técnico externo al letrado Manuel Alcaide, quien, según los populares, es «cuñado del arquitecto de la promoción Arabella SA y, a su vez, ambos son cuñados de la entonces concejal y actual alcaldesa de Eivissa, Lurdes Costa». Este informe, que fue favorable a la concesión de la licencia, no fue validado por los técnicos municipales «como obliga la ley». Pero el día clave en toda esta historia es el 15 de junio de 2001, porque según el PP, ese día se hicieron tres actos administrativos: Arabella presentó un escrito adjuntando un modificado del proyecto y solicitando licencia, la secretaria municipal informó favorablemente la licencia, el entonces concejal de Urbanisme, Joan Boned, firmó la concesión de la licencia y el alcalde, Xico Tarrés, firmó un acuerdo urbanístico con los promotores.
Además, según reveló la consellera popular Carmen Domínguez, el proyecto presentado no estaba visado por el colegio de arquitectos y la empresa no presentó ni proyecto de ejecución, ni estudio de seguridad, ni un proyecto de acceso a telecomunicaciones, algo que debían subsanar antes de empezar las obras.
Con esto los populares no quieren que se vuelva a discutir la legalidad o no de este edificio. «Debió ser legal, pero también las licencias exprés de Benirràs lo son, porque sino estarían denunciadas en el Juzgado», dijo Domínguez, quien quiso demostrar con esto que Tarrés «mintió» durante el último pleno cuando dijo que la licencia se dio en seis meses. «Si las licencias exprés se dan en tres días yo diría que esto es una licencia Seur seis horas», comparó la consellera, que lamentó que el presidente mintiera en un pleno y que no aportara pruebas. «No sé por qué no reconoce que hizo una licencia exprés y que no pasa nada», añadió Domínguez, que también lamentó el «talante» de Tarrés en el pleno al recordarle a Palau quién había ganado las elecciones. «Nos demostró quién corta el bacalao aquí, no sabemos si es bacalao, salmón u otro pez, pero desde luego algo cortó».
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