El grupo ecologista GEN reclamó de nuevo ayer al Ayuntamiento de Sant Joan la paralización de las obras que se están llevando a cabo en Benirràs «infringiendo el régimen de protección» otorgado a través de la ley de medidas urgentes de protección territorial. Los ecologistas consideran que las once licencias de esta zona han quedado sin efecto porque han pasado a ser territorio LEN (Llei d'Espais Naturals).

Esta es la misma interpretación de la ley que hacen desde el Consell, donde la semana pasada ya enviaron un requerimiento al Ayuntamiento de Sant Joan para que paralizara las obras. Esta semana los celadores de la máxima institución pitiusa han vuelto al lugar de los hechos, donde han comprobado que en vez de una máquina, ya son dos las que realizan los trabajos de movimientos de tierras para la construcción de una vivienda unifamiliar. De todas formas, no se plantean requerir de nuevo al Ayuntamiento de Sant Joan pese a que anunciaron que quizás lo harían.

Por otro lado, los ecologistas consideran que «es evidente» que la conducta del alcalde de Sant Joan «se aproxima peligrosamente al papel de cómplice de los infractores; no contento con hacer horas extra para dar licencias de obra hasta el último minuto antes de la moratoria, ahora Antoni Marí Marí también intenta eludir la ejecución de las instrucciones dadas por el Consell para parar las obras en la zona protegida de Benirràs».

También recomendaron a los promotores de las obras que «no se dejen asesorar por quien les incita a la desobediencia de la ley» y recuerdan que la ley de disciplina urbanística establece multas del 100% de las obras realizadas de forma ilegal, además de obligar a restablecer la zona a su estado inicial independientemente de las responsablidades penales en las que puedan incurrir.

Según el GEN, las licencias de esta zona han quedado sin efecto por la aplicación directa de la LEN y recuerdan que la ley de medidas territoriales establece que se trasladarán los derechos urbanísticos a otras zonas menos valiosas. «De tolerarse la continuación de esta provocación, las instituciones estarían creando un peligroso precedente para otros promotores».