Una vez que ha entrado en vigor la ley de medidas urgentes de protección territorial que protege Benirràs, Cala d'Hort, Roca Llisa-Cap Martinet y Punta Pedrera, el próximo paso para el Govern es la creación de un consorcio en el que estén presentes el Consell d'Eivissa y los ayuntamientos de la isla para compensar a los afectados que se han quedado sin poder construir y para restaurar las zonas más degradadas de estos espacios.

Lo más probable es que este órgano no cuente con financiación hasta el año 2009, porque primero hay que hacer un estudio detallado del territorio para ver qué zonas son las mejores para trasladar la edificabilidad. «Sólo con los estudios nos comeremos buena parte de 2008», señaló el director general d'Ordenació del Territori del Govern, Bernat Aguiló, que indicó que los fondos los aportará íntegramente el Ejecutivo autonómico.

La ley marca un período de seis meses para crear este consorcio y el Govern empezará a trabajar ya en la redacción de los estautos para consensuarlos con los demás integrantes. Pese a que algunos alcaldes del PP han mostrado sus recelos ante este organismo, el director general explicó que a los municipios les conviene estar presentes porque hay decisiones que implicarán reordenaciones urbanísticas.

La edificabilidad con la que contaban los propietarios afectados se trasladará a suelo rústico de las áreas de transición, junto a núcleos urbanos. «En Eivissa la trama urbana es muy irregular y deja muchos agujeros de bajo impacto», explicó Aguiló, que indicó que estos serán los ámbitos prioritarios de actuación. «Si quisiéramos colocar todo Roca Llisa en un suelo urbanizable posiblemente quedaría una mancha muy grande pero la intención es fraccionar el traslado de edificabilidad y ubicarlo en ámbitos pequeños, por ejemplo en zonas donde hay calles ya hechas o circunvalaciones», expresó Aguiló, que señaló que estos terrenos para urbanizar con los que piensan compensar a los propietarios de Benirràs y Roca Llisa se conseguirán a través de un concurso. Ésta sería la fórmula más barata, ya que los propietarios de las áreas de transición podrían ofertar suelo a cambio de que se les dé un cierto aprovechamiento urbanístico para construir en zonas que inicialmente eran rústicas. En caso de que no hubiera propietarios interesados se optaría por la compra, aunque no se prevé la expropiación. Dependiendo de si se consiguen cesiones o compra, el presupuesto para el consorcio será más elevado. El Govern todavía no ha hecho ninguna estimación del dinero que tendrá que desembolsar por estas compensaciones. En cuanto a la restauración paisajística que tendrá que abordar el consorcio, se podría hacer al mismo tiempo que la reasignación de terrenos o dejarse para una fase final.

El consorcio también prevé la restauración paisajística de las zonas que han quedado protegidas y que estén más degradadas. Aguiló explicó que la que necesita una atención mayor es Roca Llisa y una pequeña parte de Benirràs. En menor medida habrá que actuar en Punta Pedrera, donde hay un vial que está dentro de la zona protegida y que habría que devolver a su estado original. En el caso de Roca Llisa, por ejemplo, ha quedado protegida una zona en la que se habían hecho viales (la urbanización Bel Air, de 39 parcelas). Respecto a este caso concreto, Aguiló no quiso avanzar nada en cuanto a indemnizaciones o traslado de edificabilidad, pero recordó que no es lo mismo tener una licencia de urbanización que una de edificación, por lo que los más beneficiados serán los que tenían licencias de construcción. «Son cosas muy complejas que tendremos que estudiar una a una», indicó el director. El abogado de esta urbanización, Jaume Roig, se preguntó qué pasará con este terreno ya urbanizado. «Es justo pensar que se podrá construir porque reúne los requisitos de solar de la propia ley, aunque esto se tendrá que resolver en el consorcio».

Uno de los aspectos más polémicos y más confusos de la ley es el que se refiere a ses Variades (Sant Antoni) porque la normativa no aclara si este terreno se convierte directamente en rústico o sigue siendo urbanizable. Desde el Govern tienen su propia interpretación, que consiste en que una vez que se deroga la ley que permitió que ses Variades fuera urbanizable (a través de la ley de medidas urgentes) este terreno «no se convierte automáticamente en rústico». Por eso tendrá que ser el Consell el que modifique el PTI para que deje de contemplar este espacio como urbanizable. «En el redactado original de las DOT ses Variades eran rústicas y el PP lo modificó para que fueran urbanizables, algo que se recogió en el PTI; de la misma forma, ahora tendrá que ser el PTI el que diga como debe quedar este espacio, porque la modificación de las DOT no dijo que pasaran a ser urbanizables sino que simplemente marcó unas condiciones para que fuera el PTI el que lo hiciera», expresó Aguiló, que reconoció que el tema es complejo, pero que resumió que ahora hay «otra legalidad» que se podrá aplicar pero para la que hay que dar «los pasos necesarias».