Un peritaje judicial revela que se incumplió la ley al destruir los yacimientos del segundo cinturón

Según explica la experta del Ministerio de Cultura a la que se le ha encargado el informe, las obras de gran evergadura como esta deben ser informadas por la comisión insular de patrimonio y tanto el promotor como la dirección de obra deben parar de inmediato los trabajos si aparecen restos arqueológicos y comunicar su descubrimiento. En este caso además, tanto el Govern como la empresa constructora «estaban avisados de que tenían que comunicar el inicio de las obras y realizar un control arqueológico directo». Sin embargo, ningúno de estos trámites se cumplió, según el peritaje. «No puede haber ningún movimiento de tierras sin el preceptivo control arqueológico directo», cita el informe, que indica que lo habitual es que si se encuentra algo valioso se paralicen las obras para excavar. Luego es la comisión de patrimonio la que debe decidir si se conservan in situ, si se trasladan o se soterran. «En algunos casos incluso se ha llegado a desviar el trazado de la carretera para no afectar a los restos arqueológicos, en Madrid hay casos similares», refleja el peritaje, que también considera que se hubieran podido evitar los daños «si se hubiera cumplido la legislación» y se hubieran paralizado las obras.

En esta investigación se tratan de determinar las responsabilidades penales de la destrucción de una parte del camí vell de Puig d'en Valls, una cisterna púnicorromana, una necrópolis rural romana de la que se excavaron una veintena de tumbas, un tramo de 20 metros de acueducto, un edificio de época púnica, una sitja y el yacimiento arqueológico de Can Sifre. Hace unas semanas el fiscal pidió el archivo de otra investigación sobre destrozos arqueológicos de la autovía al aeropuerto.

Según este informe, durante las obras del segundo cinturón se alteraron «gravemente» bienes de alto valor histórico o cultural y distintos yacimientos arqueológicos que ya no pueden ser reconstruidos y cuya restauración sólo es posible en el caso del camí vell de Puig d'en Valls (declarado BIC) y el Pou d'en Basques. Pese a que la necrópolis romana podría no tener entidad suficiente para plantearse su conservación, se actuó de forma incorrecta porque «fue afectada por las obras» antes de ser excavada. Sí que parecen tener una cierta relevancia los restos de Can Sifre, aunque el peritaje no puede determinar su importancia global porque «no se han podido documentar en su conjunto». En cuanto a la cisterna, considera que si se hubiera excavado totalmente se tendría que haber estudiado su conservación in situ. El yacimiento sí tiene valor y de hecho se aconseja excavar en la zona «por si hubieran quedado restos fuera de la carretera». Además, la experta advierte de que aunque este tipo de restos ya estén conservados en otros lugares «no por ello dejan de tener interés».