Nueva jornada de declaraciones en el caso de las presuntas comisiones millonarias de Eivissa Centre que habría pagado la empresa Brues a miembros del PSOE. Ayer fueron los militantes socialistas expedientados Bernardo Escalona y Carlos Rubio los que respondieron en calidad de testigos a las preguntas del juez.
Según reveló el abogado de Roque López, Luis Romero, ambos ratificaron la querella de López y «han puesto en una situación muy difícil» a los imputados y a dos de las personas que declararon como testigos: Josep Maria Costa y Carlos Fernández. Estos últimos aseguraron no saber nada de las comisiones y, sin embargo, Escalona y Rubio desvelaron ayer que sí las conocían, porque estuvieron presentes en numerosas reuniones y comidas informales en las que se abordó este asunto. «El presunto pago de las comisiones lo expuso y lo comunicó Roque López a mu chos miembros del PSOE, entre ellos Josep Maria Costa y Carlos Fernández», expresó Romero, que añadió que todo el partido sabía de estos pagos durante los años 2005, 2006 y 2007. Preguntado el letrado sobre si estas informaciones sobre las comisiones salían exclusivamente de Roque López, éste indicó que no sólo lo sabía López, sino otros asistentes a estas reuniones «que no voy a desvelar».
Carlos Rubio explicó ante el juez una versión más parecida a la que dio en su día Roque López, pero Bernardo Escalona se limitó a decir que había oído rumores sobre el cobro de comisiones aunque no conocía el tema de primera mano porque no ostentaba ningún cargo público. Aún así, Escalona aseguró que fue precisamente el diputado socialista Josep Maria Costa quien recomendó a López que se comprase una grabadora «porque si no nadie le iba a creer». Ambos testigos indicaron que el número dos del PSIB, Miquel Mestre, fue informado en su día por el propio López de lo que ocurría en Eivissa.
Carlos Rubio sí confirmó ante el juez la denuncia de Roque López aunque indicó que todo lo que sabía era a través del propio López. También habló de las comisiones que podrían haber cobrado otras empresas, ya mencionadas en la denuncia de López. Ambos testigos aseguraron ante el juez que el ex secretario de Organización del PSOE pitiuso, Carlos Fernández, dispuso de las grabaciones un par de meses antes de que éstas fuesen filtradas a El Mundo.
Según el abogado de López, los testigos no mencionaron quién recibía el dinero en adelanto por las comisiones. «Ellos lo oían, tenían la certidumbre de que había ocurrido y lo que se comentaba era que era una vergüenza que eso hubiera ocurrido dentro del partido», explicó Romero, quien recordó que López tuvo conocimiento de este pago de varios millones de pesetas como adelanto de la comisión por el presidente de Brues, Antonio Pinal. Este dinero lo habría recibido el ex teniente de alcalde de Vila, Pedro Campillo.
Ni Escalona ni Rubio quisieron hacer declaraciones a la salida del Juzgado. Ambos militantes siguen expedientados por haber dimitido en bloque de la ejecutiva del PSOE de Vila, aunque su expediente debería haber sido resuelto hace tiempo.
El abogado de López pedirá la declaración de entre cuatro y seis nuevos testigos porque durante la declaración de ayer Rubio y Escalona citaron más empresas que podrían haber pagado comisiones ilegales al PSOE, además de más personas que conocían estos pagos. En concreto, Rubio indicó que CESPA, Acciona, Baleària podrían haber pagado al Ayuntamiento de Vila.
Por otro lado, Romero indicó que están esperando la declaración como testigo de Sandra Mayans, que afirmó en una entrevista que quería contar toda la verdad. Mayans protagonizó en las famosas cintas una conversación de 2,45 minutos. El letrado agradeció ayer que el juez esté dando un nuevo impulso al procedimiento. El propio Roque López, que ahora vive cerca de Sevilla, ha estado este fin de semana en Eivissa por «cuestiones personales», aunque fuentes de la defensa de Agustinet indicaron que ha estado aquí para «controlar a sus testigos» y «preparar» lo que debían decir.
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