El Consell no se opone a la instalación de parques de placas solares fotovoltaicas en suelo rústico, pero quiere que sus informes y los de los ayuntamientos sean vinculantes a la hora de autorizarlos. Así lo solicitan en las alegaciones que han presentado a la orden que prepara la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, que prevé que la participación de las instituciones locales sea meramente preceptiva pero no decisiva, ya que la resolución final queda en manos del Govern. «Queremos que sea vinculante especialmente cuando el informe sea negativo; es decir, queremos tener voz y decisión sobre la instalación de estas plantas fotovoltaicas», indicó la consellera portavoz del Consell executiu, Marga Torres.

La máxima institución insular también considera que esta orden no es lo suficientemente restrictiva a la hora de instalar estos parques, ya que posibilita levantarlos en la zona de protección de Costas, en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y en zonas de protección delimitadas por los ayuntamientos.

El Govern asimismo considera que las ubicaciones preferentes para instalar placas fotovoltaicas son los vertederos clausurados, las canteras abandonadas y los terrenos contiguos a las depuradoras. Desde la máxima institución insular, sin embargo, matizan que se debería acabar el proceso de restauración de las canteras antes de considerarlas aptas. Tampoco creen que los terrenos contiguos a depuradoras deban estar degradados, por lo que propone eliminarlos como ubicaciones preferentes.

Para no producir impactos sobre el territorio, el Consell también considera que sería excesivo construir parques fotovoltaicos de 6 hectáreas en Eivissa, tal y como contempla el Govern. Por eso piden que se «matice» esta cuestión y se reduzca teniendo en cuenta el territorio. Asimismo, se considera que hay «falta de definición» en cuanto a alturas máximas y que la distancia mínima entre una instalación y otra se amplíe.

La normativa del Govern también contempla que estas instalaciones se autoricen por silencio positivo, algo a lo que se opone el Consell, que también pide que se sigan criterios de integración paisajística mínimos para adaptarlas al paisaje rural.