El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer en un pleno extraordinario extender el plazo de exposición pública de las Normas Subsidiarias hasta mediados de mayo así como levantar la moratoria urbanística decretada hace poco más de un mes durante la aprobación inicial de la nueva normativa. De esta forma se volverán a conceder licencias de construcción, siempre que no sean contrarias al nuevo planeamiento urbanístico, ni al Plan Territorial Insular (PTI).
Según explicó el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, la ampliación del plazo de alegaciones se debe a que muchos vecinos del municipio se han acercado «para aclarar conceptos y dudas, y para presentar pequeñas modificaciones»; alegaciones que ayer suscitaron la pregunta de la portavoz de la oposición, Encarna Castro, sobre si el consistorio tendrá en cuenta estas alegaciones y si «afectarán planeamiento».
«Rotundamente sí», respondió Prats. «Tendremos en cuenta todas las alegaciones que pensemos que sirven para mejorar la nueva normativa y no tendremos problemas en rectificar todo lo que se nos demuestre que hemos hecho mal», aseguró el concejal, quien agregó que él mismo presentó alegaciones para subsanar errores y anunció que, «si los cambios son sustanciales haremos una segunda aprobación inicial». En este sentido, Prats aclaró que estos cambios «se harán siguiendo la filosofía básica de las normas como conseguir espacios públicos y ordenar el crecimiento», entre otras.
Por otra parte, el fin de la moratoria fue aprobado ayer por mayoría pero con la abstención del grupo popular. Según la portavoz de la oposición, Encarna Castro, esta abstención se debe a que la moratoria «ha creado desconcierto urbanístico en Sant Josep». «No estuvimos de acuerdo con la primera moratoria, decretada el 29 de noviembre, porque nos pareció una decisión prematura y precipitada (...) y más cuando la segunda moratoria ya se consideraba que venía implícita en las nuevas normas». Prats contestó en este sentido que la «moratoria no ha sido precipitada»: «Una moratoria precipitada se hace de prisa y sin saber cuándo se aprobarán inicialmente las normas como ocurre en un municipio gobernado por el mismo partido que el suyo como es Sant Antoni».
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