R. L. El conseller de Movilidad, Gabriel Vicens, y el secretario general de Transporte del Ejecutivo central, Fernando Palau, acordaron ayer que a partir del 1 de enero de 2008 se flexibilizarán en un 25% al alza o a la baja las tarifas de los vuelos interislas fijadas en 88 euros ida y vuelta, según la declaración de Servicio Público. Tras la reunión mantenida ayer tarde en la que también participaron los consells insulars, Vicens explicó que se adopta esta medida de forma «paralela» al estudio que está realizando el Govern, con el fin de convocar en el plazo máximo de un año o año y medio un concurso público para elegir a la compañía aérea comunitaria que ofrezca las mejores condiciones a la hora de gestionar los vuelos interislas. Por su parte, Palau explicó que la flexibilización de las tarifas ya se aplica en los vuelos interislas en Canarias y subrayó que a través de este sistema, se permite a las compañías aéreas incrementar las tarifas fijadas en la Declaración de Servicio Público, con el objetivo de que puedan rentabilizar los vuelos en épocas con menos pasajeros.

Propósito
En esta línea, el conseller de Movilidad manifestó que el objetivo del Govern es «intentar mejorar» la Declaración de Servicio Público y, para ello, informó de que el próximo 17 de octubre, se celebrará una reunión en el Ministerio de Fomento entre Aviación Civil, la directora de Aviación Civil del Govern y Air Nostrum para fijar de forma «inmediata» la flexibilización de las tarifas. Vicens resaltó que a través de este sistema, las compañías aéreas que gestionan los vuelos interislas podrán ofrecer tarifas «más bajas» y, por otro lado, insistió en que el Ejecutivo está analizando el sistema de concurso público, que, según remarcó, es «mucho más complejo, debido a que su tramitación puede durar más de un año, dado que necesita la aceptación de la Unión Europea». Así, el director de Transporte subrayó que la flexibilización de tarifas es «más sencilla», pero precisó que se establecerá este modelo «sin perjuicio de continuar estudiando la fórmula de un concurso público», que permita reducir el precio de los vuelos, siempre que se respeten las obligaciones contempladas en la Declaración de Servicio Público. Palau resaltó que este sistema «no responde a la demanda de las compañías aéreas» y aseveró que su aplicación no supone un «fracaso» de la Declaración de Servicio Público, sino que lo único que pretende es «mejorar sus condiciones de funcionamiento».