Zapatero garantiza a Antich que en 2008 Balears ya tendrá las inversiones del Estatut

Sonrientes y relajados, Zapatero y Antich se encontraron en las instalaciones aeroportuarias poco antes de que presidente del Gobierno central se reuniese con el Rey Juan Carlos en Marivent. Tras el encuentro, Antich presentó un balance más que positivo y anunció que algunas de las cuestiones pendientes tendrán solución en el mes de septiembre. Antich anunció, por ejemplo, que el próximo día 3 de septiembre se constituirá la primera reunión de la comisión mixta que debe analizar las inversiones extraordinarias que debe equiparar a Balears con la media nacional, tal y como marca el nuevo Estatut. «Los presupuestos del Estado de 2008 incluirán ya las inversiones que contempla el Estatut», garantizó Antich tras su encuentro con el presidente del Gobierno. Antich quiere que estas inversiones se destinen, entre otras cosas, a crear nuevas líneas ferroviarias. El president del Govern comunicó que durante el mes de septiembre el Consejo de Gobierno aprobará los nuevos convenios de carreteras con los respectivos consells insulars. «No sabemos cuando, pero los convenios se aprobarán durante el mes de septiembre», recalcó. En este sentido, Antich explicó que su gabinete quiere alcanzar un acuerdo con el Gobierno central en relación al litigio que se mantiene respecto a los anteriores convenios de carreteras, que fueron denunciados por el Ministerio de Fomento durante la etapa del PP. «Queremos que haya algún tipo de acuerdo durante el mes de septiembre», dijo Antich, quien no descartó que se retire el litigio que está en los tribunales para alcanzar ese pacto.

Antich también anunció que el Gobierno central abonará en los próximos los 10 millones de euros pendientes del convenio de residencias correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006. Posteriormente se pagarán los 5 millones del año 2007 del convenio de residencias que pactaron el Govern del PP con el gabinete que presidía José María Aznar. Para alcanzar este acuerdo, el Govern deberá retirar el litigio que estaba pendiente entre las dos administraciones. El Gobierno central acusaba al Ejecutivo balear de no haber justificado los gastos de las inversiones que se habían realizado en las residencias.