Durante la intervención, tanto Costa como Pizarro hicieron referencia a varias sentencias condenatorias contra medios de comunicación y periodistas «patrocinados por el Partido Popular», que datan del 2001, cuando Costa se encontraba en la presidencia de la máxima institución.
«Es una campaña a conciencia que al Partido Popular le sale muy rentable políticamente y económicamente», señaló Costa, que aseguró que cuando se dan estas prácticas se demuestra que «o están muy desesperados o hay mucho en juego».
Grosske, por su parte, criticó que estas campañas difamatorias sean «utilizadas como arma electoral» y aseguró que se corresponde con un comportamiento totalmente «deshonesto» que comparó con la «mafia, cuando quiere hacer negocios ilícitos». Grosske apuntó la necesidad de dar a conocer estas situaciones porque, de lo contrario, «se abre la puerta a una situación democrática indeseable», señaló.
Por último Pizarro dio a conocer una sentencia de la Audiencia Provincial por la que se condena a dos periodistas que trabajaban en el semanario Proa, Gisela Rivelles, actual directora de la edición El Mundo-Día de Balears. La información denunciaba el supuesto viaje a un balneario realizado por una comitiva del Ayuntamiento de Vila y encabezado por el alcalde Xico Tarrés. «Es la misma estrategia que hay ahora a distinta escala. Es una noticia absolutamente falsa y después de seis años, la justicia actúa», indicó Pizarro.
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