El comisionado del Observatori, Jordi Llabrés, explicó que en lugar de ser expulsado del centro, el alumno que cometa una falta grave pasará unas horas o días en el aula de convivencia, donde estará atendido por docentes y realizará actividades tendentes a comprender o enmendar su acción y mejorar su actitud.
El Decreto tendrá por objeto regular los derechos y deberes de los alumnos, las normas de convivencia, la mediación como proceso educativo en la gestión de los conflictos, la participación y el compromiso de los padres o tutores legales en la educación de los hijos.
Los principios generales del decreto serán, por tanto, «la importancia de la acción preventiva, la responsabilidad individual en el trabajo colectivo, el refuerzo de la autoridad del profesor, la implicación y colaboración de las familias y la relevancia e intervención de los órganos colegiados y los equipos directivos de los centros en el trabajo diario».
Llabrés destacó la importancia que el decreto confiere al papel de la familia y de la mediación. El documento recoge la responsabilidad e implicación de las familias en forma de derechos y deberes de los padres o tutores y regula la mediación escolar como proceso reeducativo en la gestión de conflictos y establece la creación de las aulas de convivencia.
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