De esta manera, el Consistorio señala que se ha instado al promotor de las obras, la entidad Anglobalear S. L., al cumplimiento de la sentencia referida a «una serie de fincas registrales que todavía son propiedad de la promotora de la obras». Asimismo, desde el Ayuntamiento apuntan que por parte de la promotora se han presentado una serie de alegaciones, que actualmente están en fase de informe. Una vez que se concluya esta tramitación, el Ayuntamiento deberá resolver el expediente de infracción iniciado y «se dará cuenta al Juzgado para su conocimiento». Para concluir, el comunicado deja bien claro que la resolución definitiva que en cualquier caso se adopte «respetará la sentencia y la legalidad vigente».
Este comunicado sale a la luz tras la petición del grupo ecologista GEN que reclamaba a la Fiscalía que investigara a qué acuerdos se había llegado (entre Ayuntamiento y afectados) para evitar la ejecución de la sentencia que ordenaba el derribo de los cuatro apartamentos. Pese a que sobre esta edificación pesa una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, el alcalde José Serra Escandell declaró recientemente que existía un acuerdo entre el promotor y un denunciante para no tener que llegar al derribo y poder llegar a una solución consensuada entre las partes afectadas.
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