El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 1, Juan Carlos Torres, ha acordado practicar una prueba pericial técnica arqueológica para investigar la destrucción de restos patrimoniales por las obras de la autovía al aeropuerto que denunció en su día ENE. El magistrado resuelve que debe ser el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Balears a través de su sección de arqueología el que realice esta prueba. De esta forma, el juez estima en parte el recurso del fiscal, que solicitaba una prueba que debía hacer algún experto en la materia de fuera de las Islas para evitar conflictos de intereses. El magistrado considera que no es de recibo esta delimitación negativa sobre el lugar de residencia de los técnicos pero sí considera excluibles a los que han participado en el seguimiento de obras públicas ejecutadas por el Govern o cualquier titulado al servicio de administraciones públicas. Es por todo ello por lo que cree que lo «procedente» es acudir a colegios profesionales de carácter independiente. El magistrado dará ahora traslado al fiscal para que delimite qué elementos deben ser investigados, ya que en la memoria que adjunta ENE se incluyen los molinos de Villa Abel, Sa Tanca y Can Casetes, casas payesas, aljibes, eras y pozos. En su argumentación, el juez también destaca que no se puede considerar que lo que no se conserva in situ es destrucción. En otro caso que investiga un delito contra el patrimonio en las autovías que se investiga en el número 3, la UIB se negó a hacer el peritaje y se ha recurrido al Ministerio de Cultura.