C. Roig12/01/07 0:00
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El portavoz insular del PP, Miguel Jerez, aseguró ayer que el auto del juez Pinsach en el que se exculpa al Govern y a los antiautopistas en el proceso expropiatorio de Can Malalt confirma que existe una seria posibilidad de que los afectados por las carreteras fueran manipulados por la Plataforma Antiautopista. Por ello, Jerez pidió responsabilidades a la Plataforma y «a su embrión político, Eivissa pel Canvi». Según el portavoz del PP, Eivissa pel Canvi y su líder, Albert Prats, «tienen la oportunidad de dar la cara, de no esconderse y de salir a explicar la historia de una manipulación». «Una vez se produzca la rectificación les pedimos que abandonen discursos que distorsionan la realidad, fomentan la mentira y promueven conductas sociales no propias de un Estado democrático», dijo el portavoz popular, que cree que Eivissa pel Canvi no tiene legitimidad moral para presentarse a los comicios. Pese a estas palabras, aseguró que su partido no está preocupado por los resultados electorales que pueda conseguir esta opción política. Sí reconoció, sin embargo, que les preocupa que el PSOE, un partido «centrado y moderado», pueda llegar a pactar con ellos, pues representan «los extremos, la confrontación y la radicalidad». Jerez añadió que «no es tolerable el engaño, el embuste y la mentira a los afectados por un proceso expropiatorio» y acusó a la Plataforma de «manipular a la opinión pública». También les acusó de alimentar acciones violentas, como las pintadas en casa de la hija de Pere Palau.

También la Plataforma Antiautopista valoró ayer el auto de Can Malalt. En este sentido, criticaron al Govern y al Consell por «sesgar» la información judicial y afirmaron que el juez certifica que los antiautopistas no cometieron ningún delito y que las detenciones «estuvieron fuera de lugar». Según la Plataforma, el juez reconoció «la actitud pacífica, sin violencia», de los detenidos y por esto piden una rectificación al PP, que les acusó de kale borroka. También consideran que en el auto hay un reconocimiento implícito de la actitud coercitiva de la Guardia Civil y la «consideración de que se produjeron detenciones sin motivación objetiva». La Plataforma también recuerda que el auto archiva la vía penal sin entrar en las irregularidades administrativas que puedan existir.

La portavoz de la Plataforma, Fanny Tur, explicó ayer ante las acusaciones del PP de manipulación, que toda la gente que fue a Can Malalt o a Ca na Palleva «es mayor de edad, con conocimiento de causa y lo hizo de una forma voluntaria ». «Por la parte que me toca, lo volveríamos a hacer; somos gente con criterio y nadie nos ha manipulado», dijo Tur, cuyas palabras fueron corroboradas por otros miembros de la Plataforma presentes. Tur también recordó que por el momento no hay ninguna sentencia firme, ya que la investigación de las irregularidades administrativas siguen por la vía contencioso-administrativa. Apuntó además que tanto el concejal de Sant Josep José Manuel Pulido como otros funcionarios del Govern todavía tienen causas penales pendientes por la expropiación de Can Casetes. El abogado Josep Costa también aseguró que el recurso que han presentado tiene posibilidades de prosperar.

Tur rechazó, asimismo, que Eivissa pel Canvi y la Plataforma sean lo mismo y recordó que ella no se presenta por ninguna opción política.