El fiscal recuerda en su argumentación que no se pueden descartar indicios de criminalidad en esta causa, tal y como dice el juez, ya que los concejales del Ayuntamiento de Sant Antoni imputados «conocían que dicha construcción infringía la normativa», porque así se lo hizo saber el GEN, los vecinos y la oposición, que denunciaron repetidamente que la casa se construía en una zona catalogada como Àrea Natural de Especial Interés (ANEI). Según el fiscal, tan sólo esto es razón suficiente para proseguir con la investigación porque integra el delito de prevaricación. Además, recuerda que el ex alcalde, Antoni Marí Tur, y la ex concejal de Urbanismo, Blanca Castiella, son arquitecto técnico y arquitecta respectivamente, «por lo cual difícilmente pueden alegar desconocimiento o ignorancia», ya que son expertos en la materia y además pudieron asesorarse al respecto. A pesar de las advertencias, los concejales «guardaron siempre absoluto silencio» e incluso «despreciaron de una forma grotesca» el aspecto principal de la cuestión, que era el de si se podía construir en una cima de una zona ANEI. El fiscal recuerda que aunque sí que se pidieron informes nunca se preguntó por este tema, mientras sí se hizo sobre otros extremos «absolutamente irrelevantes».
El fiscal también le recuerda al juez que el delito de prevaricación urbanística prescribe a los diez años, «lo que lleva al instructor, ya que no puede declararlo prescrito, a considerar que respecto a éste no existen indicios de criminalidad». En algún momento del recurso Torres también remarca que el magistrado no ha tomado declaración al GEN, a un periodista y a un miembro de la oposición tal y como pidió en su día.
En relación a la prescripción de los demás delitos en los que se basó el juez, el fiscal considera que los razonamientos del magistrado contradicen de forma palmaria la doctrina jurisprudencial consolidada.
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