Todas estas infracciones se deben al incumplimiento de la legislación que regula los establecimientos turísticos y a no ajustarse a los permisos que tienen concedidos, según indicó Torres. Entre ellas, destacan por ser usuales no informar de los precios de los productos a los usuarios, no tener las indicaciones pertinentes de catalogación del establecimiento o no contar con las medidas necesarias de seguridad, según indicó el responsable del departamento de turismo de la institución supramunicipal. Una vez puesta la sanción económica, el establecimiento deberá hacer frente al pago de la cantidad reclamada y solventar las deficiencias existentes en el lugar por los servicios técnicos de la administración insular.
De esta cifra, se han abierto 46 expedientes, a los que hay que sumarles los que se tramitaban ya el pasado año. De estos, 25 ya se han resuelto con una multa económica y ya han pasado por la sesión plenaria de la institución. El resto deben pasar aún la auditoría de los técnicos del Consell Insular y, en caso de aplicar una multa económica se debe aprobar en la sesión plenaria de la institución. Los que no se resuelvan con una sanción económica serán archivados.
El conseller de Turisme, José Torres, confía en que en los próximos plenos que se celebren, ya el próximo año, vean la luz verde otros expedientes sancionadores. «Suponemos que la cifra económica aumentará porque actualmente el Consell Insular está tramitando muchos de los expedientes abiertos».
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