El presidente del Govern, Jaume Matas, inaugura hoy la nueva residencia de Santa Eulària para enfermos de Alzheimer y otras demencias.
El proyecto, que se incluía dentro de las transferencias en bienestar social en la anterior legislatura, se remonta al año 2000 cuando gobernaba el Pacte. El consell de govern del 4 de agosto de 2000 aprobó la atribución de competencias a los consells en materia de servicios sociales y seguridad social que contemplaba la construcción de una residencia asistida de 90 plazas en la isla de Eivissa y un centro de día para Formentera. El coste de las transferencias se elevaba a 611 millones de las antiguas pesetas, o sea 3,6 millones de pesetas.
El proyecto que se presentó inicialmente se tuvo que revisar y no fue hasta febrero de 2005 cuando se puso la primera piedra, ya gobernado el Partido Popular, tras un acuerdo entre Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Govern. Mediante este convenio, Estado y Govern se comprometían a invertir la cantidad de 25 millones de euros cada uno para la construcción de centros para mayores, enfermos de alzheimer y discapacitados. Además de la de Santa Eulària, el convenio contemplaba una residencia en Sant Antoni y otra en Sant Jordi, ambos en marcha, y un centro para Formentera.
La instalación de Santa Eulària ha supuesto una inversión de ocho millones de euros. Dispone de una superficie de 7.000 metros cuadrados y ofrecerá 20 plazas de centro de día y 94 en régimen de residencia. Los tres primeros meses de su puesta en marcha, que será enero, se ofrecerán 30 plazas residenciales y seis de centro de día. De forma escalonada se irán sumando más plazas hasta el séptimo mes de su puesta en marcha, presumiblemente en julio.
La gestión administrativa de la residencia estará a cargo de una empresa de servicios, Aser, que esta semana empezó a realizar la selección del personal para la nueva residencia. El presupuesto de licitación superó los siete millones de euros.
El Consell d'Eivissa i Formentera se hará cargo de la gestión de admisión de plazas y mientras no entre en vigor la ley de dependencia se aplicará los criterios que tiene actualmente fijados la institución insular. El proceso ya ha empezado y el proyecto empieza a ser una realidad.
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