Esto es lo que se deriva del escrito de acusación del fiscal tras la investigación de la contaminación del acuífero de Santa Gertrudis a causa de una fuga de miles de litros de carburante de la gasolinera de la localidad. En este mismo escrito también se pide que los acusados indemnicen a los titulares de los pozos contaminados y al Govern balear por los gastos de elaboración de estudios y análisis.
La estación de servicio pertenece a la empresa Hidrotechnik España S.A., que comenzó su actividad en 2001. Los acusados son el administrador único de este negocio, su apoderada en España y la encargada de la gasolinera, además del director de obra que hizo cambios en el proyecto original.
Según relata el fiscal en su escrito, el proyecto contemplaba que los depósitos de la gasolinera debían ser de doble pared interior y exterior de acero al carbono. Sin embargo, tras la obtención de los permisos se realizaron una serie de cambios, de tal forma que los depósitos pasaron a ser tanques cilíndricos con fondos bombeados construidos en fibra de vidrio, lo que vulnera la normativa. Los depósitos carecían además de placa de identificación y certificado de prueba de presión. Se da la circunstancia además de que el suelo donde se asentaron tenía agua en niveles freáticos, por lo que los tanques se encontraban sumergidos en agua 80 centímetros.
El fiscal concluye que, como consecuencia de estas irregularidades, el tanque número 3, que contenía gasolina sin plomo de 98 octanos, se rompió en 2002. Este carburante se filtró a los pozos de agua colindantes.
En total, según el escrito de acusación, quedaron afectados un total de 16 pozos con diferentes niveles de contaminación.
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