03/11/06 0:00
TW0

MAITE ALVITE
Representantes de Itusa e integrantes de la Asociación de afectados por el proyecto Eivissa Centre se reunieron ayer durante cerca de dos horas para intentar acercar posturas. El encuentro no resultó en principio fructífero puesto que la empresa mixta que promueve Eivissa Centre rechazó las reclamaciones de esta agrupación, que representa a 31 propietarios de las viviendas de Santa Margarita. Este colectivo, a su vez, manifestó que continúa con su intención de interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra el decreto del Ayuntamiento que dio por aprobado el proyecto Eivissa Centre con el que solicitará la suspensión de toda esta operación.

Según explicó el portavoz de la asociación de afectados, Joaquín Roig, los representantes de Itusa dijeron que no es posible aceptar sus reclamaciones, que se centran en solicitar, en lugar de la permuta por las viviendas del bloque del bulevar Abel Matutes, una casa y un aparcamiento nuevo en el edificio que se construirá en Isidor Macabich, donde ahora están las viviendas de Santa Margarita. «No ha sido un no rotundo, así que hay un punto de partida para la negociación», valoró Roig tras la reunión, detallando que Itusa les informó que «está barajando varias opciones, soluciones intermedias entre irse a Juan XXIII o quedarse en Isidor Macabich». Dependiendo de estas propuestas, la asociación deja la puerta abierta a un posible acuerdo. En este caso, Roig explicó que se retiraría el recurso, que, aseguró, estará interpuesto el próximo lunes.

La Asociación de afectados por el proyecto Eivissa Centre solicitó ayer formalmente a los representantes de Itusa que consulten con el consejo de administración de la empresa mixta para que le facilite las valoraciones de sus viviendas en Santa Margarita y de las casas a las que está previsto trasladar a los propietarios en el bulevar Abel Matutes ,según explicó ayer su portavoz , Joaquín Roig. Precisamente el recurso que interpondrá la asociación se fundamenta en que no está conforme con las valoraciones que ha efectuado el Ayuntamiento ni con el sistema de expropiación que ha escogido para hacer la operación», señaló Roig.