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G. ROMANÍ/ B. ROSELLÓ
El conseller por Formentera, Pep Mayans, anunció ayer que el Consell Insular se ha adherido a la revisión del deslinde de Formentera solicitada por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera a través de una carta remitida a la máxima institución insular.

El alcalde de Formentera, Isidor Torres, el diputado socialista, José Ramón Mateos, y la presidenta de la Plataforma de Afectados, Gabriela Mayans, anunciaron ayer que la carta remitida a la Casa Real, había sido enviada desde la Zarzuela al Ministerio de Medio Ambiente como organismo competente en la materia. Ayuntamiento y afectados, están ahora a la espera de que el Gobierno dé el primer paso para iniciar una ronda de conversaciones al respecto tal y como prometió José Luis Rodríguez Zapatero en su visita a Formentera en la que prometió un nuevo trazado del deslinde. Para Torres se trata de «volver a tomar el hilo de un tema recurrente pero que parece estar tratado con mayor fuerza e ilusión que tiempos atrás ya que a propuesta de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, solicitarán y se aprobará como Propuesta No de Ley, la revisión del Deslinde de Costas de Formentera, el pasado 28 de junio se aprobó por unanimidad dicha PNL".

En esta carta se reclama un «deslinde justo», es decir aquel que toma como referencia para delimitar la zona de dominio público el trazado vigente a la aprobación de la actual Ley de Costas de 1988, según el escrito: «Los vecinos de Formentera no están en contra de la protección del litoral pero que no se haga vía deslinde sino vía protección, es decir que la propiedad siga en las mismas manos que ahora. Desde el Consell apoyamos a que la protección no se lleve a cabo con la expropiación y que no se declare de dominio público las propiedades privadas ni edificaciones existentes», señaló Mayans.

De esta manera el escrito destaca que un deslinde justo será aquel que «excluya del dominio público de la zona marítimo-terrestre todas las edificaciones preexistente al deslinde de 1997 y que salvaguarde a su vez la existente zona de servidumbre, de manera que se mantenga el grado de protección y conservación del litoral de nuestra isla y a su vez se respete la propiedad privada». Con esta solución se conseguirá, según la Plataforma de Afectados, «conciliar el espíritu y el objetivo principal de la ley de Costas de 1988 con el respeto al derecho fundamental a la propiedad privada».