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C. ALCÀNTARA
El Ayuntamiento de Eivissa está estudiando la posibilidad de llevar ante los tribunales al Consell por un delito de prevaricación por la modificación puntual del PGOU para el proyecto Eivissa Centre. El concejal Santiago Pizarro, que actuó ayer de portavoz municipal en ausencia de Lurdes Costa, aseguró que el Consell, independientemente de que recurra por los tribunales la aprobación por decreto de alcaldía de Eivissa, «tiene la obligación de seguir tramitándola» y en las tres últimas comisiones urbanísticas, Ciothupa, «no se ha tratado este tema y es porque no interesa». Afirmó que «esta tramitación está siendo escandalosa y sin precedente ninguno en el urbanismo pitiuso: nunca se encontrará una modificación del planeamiento que haya tenido las trabas, zancadillas, dificultades y problemas que está teniendo».

El Consistorio sostiene que «el hecho de que esta operación tenga más o menos beneficios no es motivo legal o no de aprobar el planeamiento, lo único que tiene que justificar es que es económicamente sostenible y se demuestra».

Ante el estudio económico de la UIB encargado por el Consell, el Ayuntamiento aseguró que no se trata de un trabajo de la institución «sino de tres personas que trabajan en la universidad» ya que aseguran que «nadie tiene constancia de que a la UIB se le encargara ese tipo de trabajo».

El Ayuntamiento sostuvo que «la rigurosidad del estudio es mínima» y que contiene inexactitudes, errores y, en algunos casos, falsedades», como el caso del coste del auditorio y la escuela de música o el número de plazas de aparcamiento, aún sin definir por la protección de Sa Graduada.

Pizarro añadió que «todos los datos que se han utilizado en este estudio tienen como única finalidad la de demostrar que se obtiene unos beneficios más o menos importantes y para eso el método es sencillo: disminuir al máximo posible e incrementar al máximo posible los ingresos». El Consistorio llega a asegurar que «se inventan las cifras», ya que en el edificio Juan XXII se sabe que el precio del metro cuadrado asciende a 1.346,3 mientras que el informe de la UIB recoge que son 687 « sin que hayan preguntado nada».

En cuanto a que han ingresado 13,8 millones de euros por la venta del edificio sostienen que es falso, ya que una parte va a los propietarios de Santa Margarita y el resto, 38 pisos, se venden a coste de VPO».