El secretario general del PSIB-PSOE, Francesc Antich, se mostró partidario de retirar la cláusula del nuevo convenio de carreteras que anula el anterior si los servicios jurídicos del Gobierno central y del autonómico consideran que ninguna de las dos administraciones pierde posiciones ante el pleito pendiente, dejando que sean los tribunales quienes finalmente resuelvan al cuestión. El responsable socialista emplazó al Govern a plantear una nueva fórmula que haga posible desbloquear la situación que existe actualmente, de modo que los ciudadanos de Balears puedan beneficiarse de la importante dotación económica que contempla el acuerdo. «Si no les gusta la fórmula mixta que propuse al Ministerio para intentar alcanzar un acuerdo que sean ellos quienes planteen una solución» insistió.
Antich rechazó la postura del Ejecutivo balear de que «sea imposible» ponerse de acuerdo para redactar un preámbulo del convenio que recoja la propuesta de ambos, y aseguró que, si existe la voluntad, los servicios jurídicos «lo redactan en menos de 20 minutos». El secretario general del PSIB propuso el pasado miércoles al Ministerio de Fomento establecer una fórmula intermedia en la que se recogieran ambas posturas.
C. R./E. P.
El presidente del Consell, Pere Palau, criticó ayer que en las conversaciones que mantuvo Antich con el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, sobre el nuevo convenio de carreteras pendiente de firmar con los consells estuviera presente la presidenta del Consell de Menorca, Joana Barceló (PSOE), y no los responsables del resto de consells. «Ya me hubiera gustado a mí y también a la presidenta de Mallorca, supongo, haber estado allí», dijo Palau, que se ratificó en su intención de firmar el acuerdo pese a que incorpore la polémica cláusula que anula el anterior convenio firmado por el Gobierno de Aznar y el Govern balear en 2004. «Los intereses de los ciudadanos están por encima de los políticos y el presidente del Consell firmará aquello que signifique un beneficio para los ciudadanos independientemente de que haya una cláusula que luego sea nula o no».
Palau insistió en que firmará «aquello que nos pongan delante» en referencia a las críticas del Consell de Mallorca y también de los socialistas, que atribuían a la máxima institución pitiusa la petición de gestionar el dinero, de forma que el Gobierno también pudiera asumir algún sobrecoste si el presupuesto de los proyectos rebasaba el contemplado en un principio. «Ya lo dije en días pasados y no me lo tendrán que hacer repetir más; que no pongan más excusas para dejar al Consell fuera de este convenio, porque firmaremos lo mismo que Mallorca y Menorca». «¿Que hay una cláusula que yo entienda que no la puedo firmar jurídicamente porque estoy obligando a una tercera entidad? Esto no será excusa para que el presidente diga que no quiera firmar, que se nos excluya y que se pierdan 68 millones de euros».
Por otro lado, el secretario general de los socialistas pitiusos, Roque López, apostó por la cláusula como una condición imprescindible para que se pueda firmar el convenio y para que existan limitaciones en lo que pueda gastar la comunidad autónoma en carreteras. «Los proyectos están marcados en el convenio, están aprobados de antemano», dijo López, que aseguró que este convenio tiene que limitarse porque el Govern balear se saltó todas las cláusulas del anterior.
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