El presidente del Consell, Pere Palau, y el conseller portavoz, Joan Marí Tur, ayer en el Consell. Foto: G. G. LAMA

El presidente del Consell, Pere Palau, y el conseller portavoz, Joan Marí Tur, ayer en el Consell. Foto: G. G. LAMA

07/10/06 0:00
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CLAUDIA ROIG
La comisión de gobierno del Consell acordó ayer interponer un contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Eivissa de dar por aprobado el proyecto de remodelación urbanística Eivissa Centre cuando éste todavía estaba tramitándose en la máxima institución pitiusa. Asimismo, pedirá la suspensión del decreto por considerar que el Consistorio ha invadido sus competencias al aprobar una modificación del planeamiento que le corresponde al Consell. El presidente del Consell, Pere Palau, aseguró que se han basado única y exclusivamente en criterios jurídicos y no políticos y explicó que a estas alturas ya no pueden aprobar Eivissa Centre, pese a contar ya con un informe económico realizado por la Universitat de les Illes Balears. «Cuando una cosa está aprobada y publicada difícilmente nosotros podemos tomar un acuerdo diferente y los únicos que lo pueden subsanar son los jueces», dijo. El informe en el que fundamentan el recurso ha sido elaborado por los letrados de la máxima institución pitiusa asesorados por juristas externos.

Palau consideró «una obligación» del Consell llevar al Ayuntamiento a los tribunales y lamentó que los representantes del Pacte en la comisión votaran en contra «porque les corresponde tanto como a nosotros defender las competencias». Además, negó cualquier intencionalidad política en este asunto porque «ha habido contenciosos por anulación de licencias con ayuntamientos de diferente color político, incluso del PP».

El Consell ha tomado esta decisión una vez ha tenido en sus manos el estudio económico y financiero que encargó a la UIB, «una institución que no genera sospechas». Según Palau, que criticó que el alcalde haya desvirtuado el trabajo de la universidad sin conocerlo, el estudio presentado por Vila «tan sólo es una memoria valorada» que no aporta los datos suficientes. Ahora, este informe se sumará a la documentación del recurso porque revela un beneficio para la empresa mixta Itusa un 197 por ciento superior al previsto por el Ayuntamiento. «Estos beneficios existirán a costa de expropiar unas viviendas a unos ciudadanos», dijo Palau, que sospecha que el motivo de que el Consistorio no entregara «un informe como Dios manda» era que no se conocieran estos números. «Se está castigando a unos para que otros tengan beneficios excepcionales, puede considerarse exagerado que en bienes públicos se puedan sacar unos beneficios así». El presidente también dudó de que la adjudicación a la empresa que realiza las obras fuera la correcta. Itusa está formada por el Ayuntamiento y Bruesa.