El Consell acepta firmar el convenio de carreteras

El convenio permitirá recibir del Gobierno central 68,8 millones de euros para las carreteras secundarias.

C. Roig03/10/06 0:00

«Se firmará todo». Así se expresó ayer el conseller portavoz, Joan Marí Tur, después de la reunión del Consell Executiu, en la que el presidente Pere Palau informó de que finalmente firmarán el convenio de carreteras propuesto por Madrid que permitirá invertir 68,8 millones de euros en las carreteras secundarias de las Pitiüses. El principal escollo estaba en una polémica cláusula en la que se anula el convenio anterior suscrito el 12 de marzo entre el Govern balear y el Ministerio de Fomento. Desde el Consell entienden que la imposición de esta cláusula supone una «clara deslealtad institucional» hacia el Govern, administración que suscribió en Madrid el convenio anterior, «que ha sido incumplido», y que está denunciado en los tribunales. Palau también recuerda que desde Madrid, tanto el presidente José Luis Rodríguez Zapatero como el secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán, habían manifestado que el nuevo convenio era independiente del de 2004. Pese a ello, desde la máxima institución pitiusa consideran que los intereses generales de los ciudadanos exigen «que no se pierdan inversiones procedentes del Estado» por lo que están dispuestos a firmar con el Ministerio.

En los últimos días el presidente encargó un informe jurídico para estudiar la legalidad de firmar una cláusula que anule un convenio rubricado anteriormente por otra administración. «Los juristas dicen que en un convenio en el que no hemos sido parte nosotros no tenemos que renunciar», explicó Palau, que indicó que ante la disyuntiva de si recibir o no los millones procedentes de Madrid el Consell ha apostado por firmar. «Los intereses de los ciudadanos están por encima y no podemos perder el dinero por una discusión jurídica que no lleva a ninguna parte». En cualquier caso, «no es ilegal» que el Consell firme. En los últimos días el portavoz del Govern dijo que, en caso de que los consells aceptaran el convenio, los servicios jurídicos decidirían. «Está claro que lo estudiarán pero no podemos perder el dinero», concluyó.