02/10/06 0:00
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R. L.
La Plataforma Antiautopistas criticó ayer que el Gobierno central invirtiera más dinero en enviar antidisturbios a Eivissa que el Govern balear en pagar algunas expropiaciones. Sólo en un mes estos efectivos policiales costaron a las arcas públicas 90.000 euros, sin contar los pasajes, y según los datos aportados por los activistas en Can Malalt se expropiaron más de 1.000 metros de terreno y un negocio del que vivían dos familias por un valor de 7.000 euros. Los antiautopistas recuerdan que las máquinas entraron por primera vez en Can Malalt el 3 y el 21 de febrero «con un acta previa de ocupación falsa, sin cumplimentar todas las cifras y sin firma». Volvieron a entrar los días 8, 13 y 23 de marzo y el 3 de mayo, según la Plataforma. «Si tenemos en cuenta además que los juzgados no accedieron a la entrada en Can Malalt hasta el 8 de junio siguiente con un auto que fue notificado a los afectados el día 12 significa que han costado más dinero los antidisturbios que ayudaron a entrar las máquinas en Can Malalt sin poder porque los juzgados todavía no se habían pronunciado que el dinero que quieren pagar a dos familias por sus tierras y su negocio familiar», denuncian desde la Plataforma, que califican este hecho de «absoluto escándalo». «En un estado de derecho normal y democrático esto significaría dimisiones en cadena».

Por otro lado, los antiautopistas también mostraron su indignación por las «mentiras reiteradas» de Abel Matutes, «empresario beneficiado escandalosamente por las obras de las dos autovías y padre de la consellera de Vies i Obres». La Plataforma critica que Matutes dijera que sólo se han tumbado cuatro casas siendo dos de su propiedad, cuando la cifra en esta carretera y la del segundo cinturón ha sido de 19 viviendas y dos negocios y en la de Sant Antoni de otros 4 inmuebles más. En este sentido, denuncian una vez más los «vergonzosos beneficios» de Matutes en temas como la curva de Zumos Naturales, la tierra del campo de golf, los viales de servicio para urbanizaciones suyas o su vinculación con las adjudicatarias MAB y FCC.