La prescripción que le hizo la Ciothupa a la administración municipal, argumentando que era una exigencia que se derivaba del dictamen del Consell Consultiu balear sobre el proyecto, era que debía aportar un estudio económico en que justificase la necesidad de privatizar los aparcamientos subterráneos previstos en la operación. El Consistorio resolvió esta petición acordando en pleno el 30 de mayo que las plazas de estacionamiento fueran finalmente en concesión administrativa. Pues bien, este último paso se lo podría haber ahorrado la administración municipal ya que, según el informe jurídico, el requerimiento del Consell «era totalmente improcedente» por lo que el Ayuntamiento «no estaba obligado a cumplirlo» e incluso podía impugnarlo. Estas afirmaciones se sostienen fundamentalmente en tres argumentos. El primero es que el dictamen del Consell Consultiu «no es preceptivo ni vinculante en relación a la cuestión de la privatización de los aparcamientos», por lo que la subsanación exigida por la Ciothupa no podía fundamentarse en este documento. Asimismo, el estudio subraya que la exigencia realizada por el Consell en mayo «supone una vulneración del principio de autonomía local» ya que «está entrando en cuestiones de carácter estrictamente local», que «no tienen incidencia alguna en los intereses «supralocales» y, por tanto, «está invadiendo un ámbito propio de la competencia municipal ». El documento va más allá, asegurando que «la evaluación económica detallada y precisa de los recursos de financiación» de la operación, como solicitaba el Consell, «no es exigible al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sino al planeamiento de desarrollo». Como conclusión, reitera que la prescripción que impuso la Ciothupa al Consistorio «era claramente ilegal» y que, por tanto, el 8 de mayo este organismo, en lugar de acordar su suspensión, «debía haber aprobado pura y simplemente la modificación puntual del PGOU» necesaria para poder llevar a cabo el proyecto Eivissa Centre.
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