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MAITE ALVITE/CONCHA ALCÀNTARA
El abogado Joaquín Roig, en representación de la comunidad de propietarios de los dos bloques de viviendas de Santa Margarita, presentó ayer en la sede del Consell un escrito de alegaciones en el que pone de manifiesto su oposición al sistema de expropiación al que ha recurrido el Ayuntamiento para poder hacer posible una de las actuaciones del proyecto 'Eivissa Centre', el traslado de los vecinos de estas viviendas a un nuevo edificio junto al colegio Juan XXIII. La comunidad de propietarios reclama a la máxima institución pitiusa que rechace la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hará posible Eivissa Centre hasta que el Consistorio «justifique debidamente» los motivos que le han llevado a utilizar la expropiación. En sus alegaciones, el abogado destaca que la Ley del Suelo establece tres sistemas de actuación: compensación, cooperación y expropiación, aplicando únicamente este último sistema «cuando razones de urgencia o necesidad debidamente motivados lo exijan». Según los propietarios, en la modificación puntual del PGOU propuesta por el Ayuntamiento «no se razona el sistema adoptado» ni se justifica «la urgencia o la necesidad» de haber recurrido a la expropiación. «La falta de urgencia queda patente en el hecho de que la aprobación inicial de la modificación puntual se realizó en septiembre de 2004», señala el documento, antes de añadir que «la necesidad tampoco aparece por ningún lado por cuanto la reforma del centro de Vila se puede perfectamente llevar a cabo con la colaboración de los vecinos de los dos bloques de viviendas, sin necesidad de recurrir a la expropiación y reubicación en otro inmueble. Asimismo, insiste en que el Consistorio no ha acreditado «la utilidad pública o el interés social» de esta operación.