13/07/06 0:00
TW0

C. R.
La UTE Accesos Ibiza, constructora de la autovía al aeropuerto, ha recurrido la decisión del juez de archivar la causa que iba a desembocar en un macrojuicio contra los antiautopistas por entorpecer el trabajo de las máquinas durante las obras. El 20 de junio, el magistrado del Juzgado nº 3, Pablo Mendoza, consideró que pese a que los activistas podrían haber incurrido en una posible falta de coacciones, las denuncias se deberían haber interpuesto por personas físicas, no por parte de la empresa. Ahora, la constructora recurre pidiendo que el caso no se archive porque consideran que las denuncias fueron interpuestas por trabajadores, que actuaron en nombre de su empresa, por lo que no haría falta presentarlas en nombre de personas físcas. «Los trabajadores de la UTE denuncian en su nombre las coacciones padecidas por ellos», especifica el recurso, que añade que el daño sufrido por la empresa consistía en no poder continuar con la obra.

Desde la UTE también insisten en que la oposición de la plataforma ha sido «un cúmulo sin fin de manifestaciones reiterativas, negligentes, flagrantes, dolosamente estudiadas y puestas en escena, día a día, durante meses». La letrada también se refiere en su escrito a que los antiautopistas actuaban «violentamente». «Debido a su actitud reincidente y activa en las reyertas, fue rápido averiguar la autoría de los hechos», insiste el recurso, que añade que eran todos los denunciados «presuntamente inculpados de falta de coacciones» los que actuaban y adoptaban papel predominante en las protestas. Entre otras cosas, se cita que quitaron los acotamientos de expropiación, obstaculizaron la maquinaria, se arrojaron a las fosas abiertas, cruzaron coches y, en definitiva, protagonizaron «una sucesión de conductas beligerantes», con el objetivo, «conseguido», de parar las obras.

Entre los acusados estaban políticos y activistas como Marcos Lluy, Pilar Costa, Alejandro Matallana o Fanny Tur.