El concejal popular Jaime Díaz pidió explicaciones al equipo de gobierno de por qué el alcalde, Xico Tarrés, «ha permitido el edificio de Juan XXIII, que no cuenta con los informes técnicos ni la licencia municipal correspondiente». «El alcalde no ha consentido en ningún momento obras ilegales. En cuanto tuvo conocimiento, se hizo la correspondiente inspección, se abrió expediente y se paró la obra», respondió tajante el primer teniente de alcalde, Pedro Campillo, ante la perplejidad de Díaz, que replicó: «No nos tome el pelo». El PP también preguntó por qué se ha recurrido a la expropiación y por qué se han construido más viviendas de las necesarias en Juan XXIII. A lo que Campillo respondió que se han hecho viviendas de más porque «el PGOU permite la edificabilidad y servirán para financiar el proyecto global».
A través de Joaquín Roig, abogado representante de la comunidad de propietarios de uno de los dos bloques de estas viviendas sociales, los vecinos pusieron de manifiesto que están estudiando iniciar los trámites para rescindir los contratos firmados con Itusa, la empresa mixta que impulsa el proyecto Eivissa Centre. «A raíz de todo lo que ha surgido de que el edificio de Juan XXIII presuntamente no tiene ningún tipo de permiso, entendemos que este hecho deja sin valor, anula los contratos que se hayan podido firmar con Itusa», señaló Roig. El abogado, que aseguró que representa a 48 propietarios, detalló que en la reunión que celebraron el pasado miércoles, «entre 15 y 20 personas» confirmaron que ya han iniciado los trámites para anular los contratos. En el turno de ruegos y preguntas, Roig intervino también para que el ejecutivo local le aclarara, entre otras cosas, si el edificio de Juan XXIII tiene licencia para lo que se ha construido y qué pasará con los dos solares de Isidor Macabich en los que ahora están las viviendas de Santa Margarita. Asimismo, recriminó al Consistorio que «el interés social y la utilidad pública de la expropiación no se ve por ningún lado».
El primer teniente de alcalde, Pedro Campillo, que recriminó a Roig «su intervención política, muy en la línea del PP», replicó recordando que se han firmado ya actas voluntarias con el 80 por ciento de los propietarios y garantizó que la intención del Consistorio es llegar a acuerdos con todos, excepto con aquellos que «vean un negocio en esta operación». Además, garantizó que se ayudará a las familias sin recursos a pagar los gastos que se generen como los de registro y notaría. En el debate intervino también el gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, que aclaró que una cláusula de los contratos que se han firmado voluntariamente determina que éstos están sujetos a la aprobación de la modificación puntual del PGOU que se está tramitando para hacer Eivissa Centre.
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