30/06/06 0:00
TW0

S. CARBONELL/EFE
El «Estudio longitudinal de los costes económicos de los accidentes de trabajo en el ámbito de las Islas 2000-2004» estima que el coste salarial de un empleado de baja asciende a unos 300 euros, con lo que lo desembolsado en Balears por esta causa entre 2000 y 2004 se elevaría a 39,15 millones, si se tienen en cuenta los 130.512 accidentes leves registrados durante el período estudiado.

El sindicalista aprovechó para denunciar que, vistos estos costes, al empresario «le sale más barato» incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Labores, que de hecho se infringe «de manera sistemática» en las Islas, aunque tenga que pagar multas por ello.

Así lo indica el estudio impulsado por la Conselleria de Treball y el Instituto de Formación y Estudios Sociales de la UGT, que fue presentado ayer por el secretario de Acción Sindical del sindicato, Manuel Pelarda, y el director general de Salut Laboral, Fernando Villalobos.

El estudio calcula que, en términos de salario, el coste medio de un trabajador de baja durante quince días es de 300 euros, tomando como base que un empleado del sector servicios cobra una media de 800 euros y que cuando se encuentra en incapacidad laboral temporal percibe el 75 por ciento de su sueldo.

Villalobos matizó que el informe presentado ayer es sólo un primer paso de otros que pueden venir, que no se fijen únicamente en los gastos en materia salarial que conlleva un trabajador de baja, habida cuenta de que hay otros como, por ejemplo, los resultantes de contratar a un sustituto o los de carácter sanitario.

Pelarda, quien calculó que sólo un 5 por ciento de las empresas contratan a un sustituto cuando tienen a un trabajador de baja por accidente leve, declaró que de estos costes no son asumidos por el empresario, ya que son afrontados por las mutuas, el resto de trabajadores de la empresa y el propio accidentado y su familia.

En este sentido, llamó la atención sobre el hecho de que las sanciones por infracciones en este ámbito ascendieron en 2005 a «sólo» 2,9 millones de euros, cuando el incumplimiento de la ley, insistió, es generalizado.

Villalobos matizó que no se puede generalizar en este asunto y recordó que la prevención implica también a los trabajadores, no sólo a los empresarios.

El representante de UGT pidió a las administraciones competentes que pongan fin a la «sensación de impunidad» que existe en torno a los empresarios.