Antoni Marí Tur ya declaró como imputado en 2003 por otro asunto urbanístico, que finalmente quedó archivado.

Antoni Marí Tur ya declaró como imputado en 2003 por otro asunto urbanístico, que finalmente quedó archivado.

03/06/06 0:00
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EUGENIO RODRÍGUEZ
La Fiscalía remitirá un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa en el que pide la declaración como imputado del ex alcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur por un supuesto delito de prevaricación en relación al caso Cretu. El fiscal Antonio Torres también reclama la imputación también por un presunto delito de prevaricación de los miembros de la comisión de gobierno y los técnicos municipales que no se opusieron en sus informes a la concesión de la licencia para la construcción de la mansión.

Precisamente, el GEN fue quien denunció los hechos en el Juzgado. En noviembre de 2001 apareció la primera sentencia que daba la razón al GEN, declarando nulo el acuerdo de la comisión de gobierno por el cual se concedió la licencia. Un año después, un juez ratificaba la sentencia anterior y fijaba ya un plazo de medio año para ejecutar la demolición de la mansión. Posteriormente hubo nuevas resoluciones judiciales favorables a la demolición, pese a la amnistía aprobada por el PP en el Parlament a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para evitarlo. Paralelamente, en 2003, el Juzgado de Instrucción número 1 abrió diligencias por la vía penal a instancias de la Fiscalía.

Hasta ahora, sólo habían declarado como imputados el músico rumano Michel Cretu, promotor y propietario de la casa, así como el arquitecto y director de la obra, José Torres, y su socio, Xavier Planas. Tras estas declaraciones, el juez del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, había dado ya por cerrado la instrucción del caso a expensas de lo que pudiera dictaminar el Ministerio Fiscal. El juez deberá decidir ahora si imputa a los responsables de la concesión de la licencia, tal como reclama el fiscal, y si, por la condición de aforado del ex alcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur, que actualmente es diputado del Parlament balear, traslada la instrucción del caso a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears.

El fiscal considera que de acuerdo con las diligencias practicadas hasta ahora, y fundamentalmente a las sentencias existentes, la mansión infringe la Ley de Espacios Naturales (LEN), puesto que ésta determina que en las Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI) se prohíbe la construcción de edificios en prominencias o promontorios del terreno. El fiscal entiende necesario que los miembros del equipo de gobierno que en abril de 1997 votaron en favor de la concesión de la licencia comparezcan ante el juez como imputado. También los técnicos que informaron a favor de ello. Al parecer, la Fiscalía tiene en cuenta que el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) ya advirtió en su día al Consistorio de que la edificación infringía la LEN.