Pese a los partes de lesiones presentados por dos de las detenidas, el juez no considera probado que los agentes de la Guardia Civil se excedieran en su actuación, al tiempo que apunta que los manifestantes sabían «de sobra» que corrían «un riesgo físico» si trataban de impedir la ejecución de las resoluciones administrativas.
De todos modos, el juez recuerda que muchas de las actas previas de ocupación de las fincas presentan irregularidades, lo cual explica, a su entender, la creación de la Plataforma Antiautopista y «la cooperación de sus miembros con los propietarios afectados para impedir el avance de las máquinas». Asimismo, destaca que «la confrontación política reinante minimiza las conductas de los miembros de la Plataforma, cuyas actitudes airada, y, a veces, irrespetuosas para con los miembros de la fuerza pública, no tendrían lugar en un contexto diferente».
Abunda el juez en que una de las detenidas, la ex edil M.T., «puede sentirse más que afortunada» por el hecho de que la Fiscalía no haya solicitado la apertura de diligencias por un delito de atentado, puesto que uno de los agentes que la detuvo denunció que le golpeó con un casco. Asimismo, el juez tampoco considera «creíble» que otra de las acusadas se subiera a un árbol para divisar al responsable del seguimiento arqueológico de las obras. «El motivo no debió ser otro que el de alentar a los allí congregados», dice la sentencia, pero el juez sí cree que luego no pudo bajar y «se quedó bloqueada». El juez considera que el otro detenido por subir al árbol lo hizo también para «alentar a los manifestantes». Este dijo en el juicio que subió para ayudar a su compañera.
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