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E. RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Sant Antoni no forzará LA entrada en la mansión de Michel Cretu, en Santa Agnès, hasta que el Juzgado de lo Contencioso no resuelva el recurso presentado por la propiedad en contra del acuerdo de la comisión de gobierno por el cual se denegaba la petición de legalización del inmueble y se daba un plazo para la presentación y ejecución del proyecto de demolición. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, asegura que no se pedirá una autorización judicial de entrada en el domicilio para que los técnicos del Consistorio puedan redactar por su cuenta el proyecto de demolición hasta que «el juez resuelva el recurso». Sala entiende que este recurso se resolverá en un plazo breve de tiempo, por lo que considera oportuno esperar a conocer este fallo. «No puede tardar mucho», dice.

El Consistorio ya trató de entrar en la vivienda hace dos semanas, pero la propiedad se negó a ello. El Ayuntamiento pretendía que un técnico municipal pudiera recoger la información necesaria para empezar a realizar el proyecto de demolición. La propiedad mantiene que es «improcedente y está fuera de lugar en este momento», puesto que, según su abogado, Jaume Roig, aún cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo dé vía libre a la legalización de la vivienda al amparo de la amnistía aprobada por el Govern balear a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2004. Por el momento, el Supremo ha admitido a trámite un recurso de queja contra la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) a aceptar un recurso de casación para elevar la causa a la instancia superior.

El alcalde de Sant Antoni ya ha asegurado que desconoce si hay que demoler toda la casa o sólo parte de ella y que, precisamente, para averiguarlo un técnico debe comprobar in situ el alcance de la obra.