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E. RODRÍGUEZ
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, Martina Rodríguez, ha condenado a Francisco Alba, propietario de la carpintería Alba, situada en el kilómetro 5 de la carretera de Sant Josep, a ocho meses de prisión y al pago de 3.000 euros de indemnización a cada uno de los seis denunciantes por un delito de desobediencia a la autoridad. También debe pagar las costas del proceso judicial. Al no tener antecedentes, el propietario de la carpintería no tendrá que ingresar en prisión. Contra esta sentencia cabe un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La magistrada da por probado que el propietario de la carpintería, recientemente legalizada tras 16 años de actividad, eludió el precinto impuesto por el Ayuntamiento en la maquinaria existente en su negocio. Para ello, Alba adquirió nueva maquinaria para mantener la actividad. El Consistorio acordó en marzo de 2000 dio un plazo de dos meses a la propiedad de la carpintería para cesar su actividad al amparo de una sentencia anterior del TSJ por la cual se denegaba la licencia. Al no cumplirse, el Consistorio ordenó en diciembre de ese año el precinto.

El abogado de Alba basó su defensa en el escaso interés mostrado por el Ayuntamiento en hacer cumplir su propia orden de precinto hasta que marzo de este año cuando la Comisión de Gobierno sí acordó la legalización del negocio. El propietario compró más terreno para cumplir los parámetros urbanísticos.

La defensa argumenta que eran «los propios funcionarios del ayuntamiento quienes indicaban al acusado que podía trabajar, pues al tener solicitada licencia de actividad no pasaba nada». La magistrada apunta que, sin entrar en la veracidad de estas afirmaciones, existe un hecho incuestionable, y es que el Ayuntamiento ha mantenido su acusación hasta el final del proceso, «lo cual casa mal con el escaso interés que se dice presenta en hacer cumplir sus resoluciones».