17/04/06 0:00
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R. L.
El grupo ecologista GEN-GOB de Eivissa ha dirigido una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que dote a la fiscalía de Medi Ambient de Balears de más medios técnicos y humanos para afrontar el incremento de delitos contra la ordenación del territorio «que sufren las islas y que favorecen la instauración de una enquistada corrupción y la estancia de mafias dedicadas al blanqueo de dinero», según reza el comunicado.

De esta manera, el GEN destaca, en la carta, que la delincuencia urbanística se está convirtiendo «en uno de los más importantes problemas de Balears», lo que supone una «real y grave» amenaza para el desarrollo económico colectivo y para el bienestar general: «Resulta evidente que dada la envergadura y gravedad de estas conductas criminales y su incidencia sobre los territorios insulares, los medios disponibles para perseguir este tipo de delitos son claramente insuficientes». El GEN hace también referencia a la existencia hasta hace poco de dos fiscales en Balears, Adrián Salazar en Mallorca y Manuel Campoy en Eivissa. La reciente marcha de este último ha dejado a Salazar encargado de todos los asuntos de Balears, compaginándolos con el resto de su trabajo en la Fiscalía del Tribunal Superior: «Dada la gravedad de la situación y la extensión de este tipo de prácticas ilícitas, animadas por la impunidad existente, es obvia la urgencia de dotar de medios humanos y técnicos a la Fiscalía de delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, con el fin de proceder a la investigación rigurosa e independiente de las tramas urbanísticas». Entre estas tramas, el GEN menciona el caso Cretu o la extracción de áridos ilegales en Formentera.