A tenor de las declaraciones de los detenidos, los agentes que las
practicaron, así como el parecer del Ministerio Fiscal, el juez
apunta que en las actuaciones policiales «no se aportan las
correspondientes actas de ocupación o actuación administrativa que
certifique la notificación al propietario afectado del acto de
desalojo dentro del trámite expropiatorio, dato decisivo para
enjuiciar indiciariamente aquella respectiva legitimidad o
ilegitimidad de conducta». En este sentido, los detenidos, según
dice el juez en dicho auto, alegaron ofrecer «resistencia pasiva
ante una actuación estimada ilegal [ocupación de propiedad
privada]». La Delegación del Gobierno informó que 11 agentes
sufrieron lesiones leves, con contusiones y arañazos.
El juez Santiago Pinsach dice que se trata de un asunto
«eminentemente sensible [ocupación de propiedad privada] y de
notoria trascendencia pública» y que, ante la presencia de
«reiteradas alegaciones de irregularidades administrativas por
parte de los expropiados» resulta «insólito y rechazable» que las
fuerzas del orden actúen sin mostrar a los afectados los papeles
que acrediten dicha ocupación.
El auto señala que no se puede afirmar si las detenciones fueron
ilegales. «Es evidente que fueron practicadas en el contexto de un
conflicto de derechos que hace al menos dudosa y racionalmente
atendible la alegación de los denunciados sobre la legitimidad de
su conducta resistente y resulta también claro que todos los hechos
punibles imputados pueden depender de ese juicio sobre la
legitimidad o ilegitimidad de cada una de las dos conductas
concurrentes», apunta el auto para resolver, acto seguido, la
puesta en libertad de los detenidos. Los tres volvieron a declarar
por la mañana como imputados.
Por otra parte, ayer hubo dos nuevas detenciones, aunque ambos
fueron puestos en libertad sin la intervención del Juzgado. Las
detenciones se produjeron por un incidente de un joven que hacía
fotografías. Al parecer, éste recriminó a un agente que le
solicitara que se identificara y le hizo acto seguido varias
fotografías a escasos centímetros de la cara. Hubo una persecución
por Sant Jordi hasta que lo detuvieron.
Los hermanos Antoni y José Planells, de Can Malalt, presentaron
ayer por la tarde otra denuncia en el Juzgado de Guardia por «la
ocupación ilegal» de sus terrenos. Los hermanos Malalt también
denunciaron que la resistencia de los antiautopista fue «pacífica
en todo momento, sin violencia». «No entiendo que digan que haya
tantos agentes lesionados cuando la gente se comportó de manera
cívica», dijo Antoni.
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