EU pregunta en el Congreso sobre la actuación policial en el conflicto de carreteras

IU-ICV difundió ayer un comunicado en el que explica que ha pedido al Gobierno si se ha planteado el cese del delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías, si considera «adecuada la actuación de la Guardia Civil» en el conflicto y que concrete los problemas de orden público que motivaron el desplazamiento a Eivissa de más de un centenar de antidisturbios, según el escrito remitido. También interroga al Ejecutivo sobre el tiempo que está previsto que estas fuerzas permanezcan en la isla y los motivos por los cuales se «ha protegido la irrupción en fincas privadas de maquinaria de carreteras que ha arrasado cultivos» y construcciones «que no habían sido expropiadas». Este grupo expone en la nota que hasta ahora «se han producido un total de seis detenciones» y se han lesionado diversos ciudadanos que «se han manifestado contra la construcción de autopistas». Este grupo asegura que tiene constancia de «la interposición de denuncias por detenciones ilegales, malos tratos y vejaciones por parte de la Guardia Civil» y afirma que los propietarios afectados «han denunciado» igualmente al Govern «por falsedad documental en las actas de expropiación». «Es innegable que estamos ante un conflicto social y político que no se puede resolver con medidas policiales», en el que la Delegación del Gobierno en Balears «ha actuado sin atender los derechos de los ciudadanos», aduce esta coalición política. A su parecer, «sólo la presencia masiva y permanente de efectivos antidisturbios puede permitir el acceso de las excavadoras a las fincas no expropiadas correctamente», lo que «evidencia» que «se trata de un problema político». ERC precisa que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, deberá contestar hoy una pregunta del diputado Joan Puig sobre el criterio que siguió el Ejecutivo a la hora de ordenar el despliegue policial para desconvocar la protesta contra las obras, que cree «desproporcionado».