El GEN exige un control y la retirada de las antenas de telefonía móvil ilegales

Los ecologistas solicitarán a la Conselleria de Medi Ambient información sobre los controles de radiación practicados y conocer así si en verdad se cumple la normativa. Recuerda el GEN que la mayoría de antenas de telefonía móvil instaladas en Eivissa carecen de licencia. En este sentido, el GEN apunta que el Ayuntamiento de Santa Eulària dictó en abril de 2001 un decreto en el que se ordenaba la retirada inmediata de las antenas instaladas sin permiso, así como la apertura de un expediente de infracción urbanística.

En la entrada de Jesús, explican los ecologistas en un comunicado, existen algunas de estas antenas ilegales que no han sido retiradas pese a las quejas de los vecinos, e incluso la existencia de una sentencia judicial, de 2002, que ordenaba su desmantelamiento.

Asimismo, el GEN también recuerda que el Ayuntamiento de Sant Joan fue el primero que aprobó una normativa basada en el principio de cautela y que prohíbe la instalación de antenas base de telefonía móvil en zonas residenciales, escuelas u otros centros públicos o privados. El Consistorio ya ha obligado a retirar alguna de estas instalaciones al amparo de esta norma municipal pionera en la isla. El Ministerio de Sanidad y Consumo publicó un estudio en mayo de 2001 que, aunque concluía que «la exposición a campos electromagnéticas no ocasiona efectos adversos para la salud, siempre y cuando la exposición esté dentro de los límites recomendados por la Unión Europea, lo cierto es que, dada la poca experiencia disponible en este campo, acaba recomendando fomentar el control sanitario y la vigilancia epidemiológica», según apuntan los ecologistas. Posteriormente, el Ministerio aprobó un decreto con el objeto de regular y controlar las emisiones.

Por su parte, el Consell aprobó inicialmente la pasada legislatura un Plan Especial de Telefonía Móvil para la isla y que, entre otras cosas, contempla impedir al máximo la instalación de antenas en construcciones de uso residencial o espacios protegidos, al tiempo que prohíbe ubicarlas en guarderías, parques, escuelas y hospitales.

Los ecologistas lamentan que este plan no sea una prioridad para el nuevo equipo de gobierno y que, tres años después de su aprobación inicial, aún sigue pendiente su aprobación definitiva y su aplicación. «Sea como sea a día de hoy, los centenares de personas que viven o trabajan cerca de una de estas instalaciones se ven con una indefensión total y tan sólo parece que las sentencias judiciales pueden hacer algo ante las todopoderosas compañías de telecomunicación», asegura el GEN, que considera que «el poco interés institucional no ayuda a crear un clima de confianza y seguridad».