El Consistorio suspendió la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial a la espera, según indicó el alcalde, de una resolución judicial firme. Tanto el Ayuntamiento como Cretu han recurrido ahora al Tribunal Supremo el último auto del Tribunal Superior de Justicia que ratifica la orden de demolición y la imposibilidad de que el inmueble se pueda legalizar al amparo de la disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004.
El Consistorio dio el final de obra, pese a este incremento de obra, más allá de lo permitido, que ahora esgrime un informe jurídico encargado por el Consistorio para reducir el coste de las indemnizaciones. «No sé por qué se dio el final de obra, pero obviamente era conforme a los informes que avalaban que la construcción se ajustaba a la licencia. Así lo entendió el Ayuntamiento y también el Consell, que concedió la cédula de habitabilidad. Pero no sé si cierto o no, porque ni he ido ni soy técnico», indicó Sala.Cretu reclama a Sant Antoni una indemnización de 18 millones de euros
El Ayuntamiento ha suspendido el expediente de responsabilidad patrimonial solicitado hasta que haya una sentencia firme
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