El Govern balear asume competencias para sancionar los abusos de menores

Cuando el Ejecutivo detecte casos que supongan riesgo o desamparo hacia el menor (malos tratos físicos o psíquicos, abusos, mendicidad obligada, etcétera), podrá interponer sanciones, previsiblemente (este punto está aún por determinar) a través de la Oficina del Defensor del Menor.

Este departamento, aparte de recibir las denuncias o investigar de oficios, se limita ahora a poner los hechos en conocimiento de la Delegación del Gobierno que es quien puede incoar las sanciones.

Una vez la ley sea aprobada, el defensor del menor pasará a tener competencias propias para imponer sanciones en casos de desamparo o riesgo, que en 2004 ascendieron a 450.

«El objetivo es garantizar a los menores una atención de calidad, mejorando la coordinación entre los servicios sociales de Atención Primaria, los primeros en detectar casos de abusos o de maltratos, y los centros especializados», señaló ayer la consellera Rosa Puig que explicó que el proyecto de ley será sometido a la consideración del resto de conselleries y de las organizaciones sociales, además de a los consells insulars que tienen competencia sobre las adopciones.