El jurista menorquín Josep Maria Quintana ha renunciado al encargo
del Parlament balear de elaborar un dictamen jurídico sobre la
conveniencia o no de crear un consell propio en Formentera.
Quintana afirmó ayer a este periódico que se trata de «una cuestión
política» y que, por tanto, no es a él a quien le corresponde
pronunciarse sobre este asunto.
Así lo explica también en una carta remitida hace unos días al
presidente del Parlament, Pere Rotger, en la que sostiene que el
comité de sabios creado para debatir la reforma del Estatut es «el
órgano más apropiado» para que estudie esta posibilidad.
«Consideraría poco elegante que yo saliese de manera individual con
una propuesta concreta», dice la carta, a la que ha tenido acceso
este periódico. También recuerda que existe el Consell Consultiu,
cuyo reglamento le permite dirigirse al parlament balear, así como
el Institut d'Estudis Autonòmics, organismo aútonomo de prestigio
que ha creado una revista jurídcia de peso.
Quintana asegura que desde el punto de vista jurídico, la
creación de un consell de Formentera no reviste problema alguno,
siempre y cuando el Parlamento español apruebe la reforma del
Estatut. Por eso, el prestigioso jurista menorquín asegura que los
políticos sólo tienen que inclinarse por una u otra opción: crear
el Consell o no hacerlo y, en su lugar, propiciar la
descentralización del gobierno de la isla.
No obstante, Quintana subraya que en el caso de que se optase
por crear un Consell, habría que ver de qué manera se conjuga éste
con el Ayuntamiento. «Al haber un solo Ayuntamiento pienso que éste
se podría confundir con el consell de la misma manera que se
confundían las antiguas diputaciones provinciales con las
comunidades autónomas uniprovinciales», dice la carta. En este
sentido, Quintana también introduce el debate de las dobles listas
electorales porque, según dice, si los consellers compartieran su
cargo con el de diputados en el Parlament balear «eso implicaría un
grave problema de alteración de los equilibrios
politícorepresentativos de las islas».
En el caso de que el Parlament optara por mantener a Formentera
ligada al Consell de Eivissa y, en su lugar, apostar por su
descentralización, Quintana apunta que los problemas jurídicos de
esta opción se podrán resolver a partir de las normas vigentes y
del nuevo texto del Estatut. Por todo ello, insiste el jurista, «se
puede comprobar que el problema no es jurídico, sino político:
Decidir una de las dos opciones». «Y os aseguro que el trabajo
jurídico posterior no sólo no ofrece problemas, sino que está al
alcance de los servicios jurídicos ordinarios del Parlament que
asesoran las comisiones y ponencias», dice.
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