Quintana renuncia al dictamen sobre el consell de Formentera porque es «un asunto político»

Así lo explica también en una carta remitida hace unos días al presidente del Parlament, Pere Rotger, en la que sostiene que el comité de sabios creado para debatir la reforma del Estatut es «el órgano más apropiado» para que estudie esta posibilidad. «Consideraría poco elegante que yo saliese de manera individual con una propuesta concreta», dice la carta, a la que ha tenido acceso este periódico. También recuerda que existe el Consell Consultiu, cuyo reglamento le permite dirigirse al parlament balear, así como el Institut d'Estudis Autonòmics, organismo aútonomo de prestigio que ha creado una revista jurídcia de peso.

Quintana asegura que desde el punto de vista jurídico, la creación de un consell de Formentera no reviste problema alguno, siempre y cuando el Parlamento español apruebe la reforma del Estatut. Por eso, el prestigioso jurista menorquín asegura que los políticos sólo tienen que inclinarse por una u otra opción: crear el Consell o no hacerlo y, en su lugar, propiciar la descentralización del gobierno de la isla.

No obstante, Quintana subraya que en el caso de que se optase por crear un Consell, habría que ver de qué manera se conjuga éste con el Ayuntamiento. «Al haber un solo Ayuntamiento pienso que éste se podría confundir con el consell de la misma manera que se confundían las antiguas diputaciones provinciales con las comunidades autónomas uniprovinciales», dice la carta. En este sentido, Quintana también introduce el debate de las dobles listas electorales porque, según dice, si los consellers compartieran su cargo con el de diputados en el Parlament balear «eso implicaría un grave problema de alteración de los equilibrios politícorepresentativos de las islas».

En el caso de que el Parlament optara por mantener a Formentera ligada al Consell de Eivissa y, en su lugar, apostar por su descentralización, Quintana apunta que los problemas jurídicos de esta opción se podrán resolver a partir de las normas vigentes y del nuevo texto del Estatut. Por todo ello, insiste el jurista, «se puede comprobar que el problema no es jurídico, sino político: Decidir una de las dos opciones». «Y os aseguro que el trabajo jurídico posterior no sólo no ofrece problemas, sino que está al alcance de los servicios jurídicos ordinarios del Parlament que asesoran las comisiones y ponencias», dice.