Esta reforma legal permitirá a los ayuntamientos tramitar la
legalización de las viviendas que se encuentran fuera de
ordenación, así como la posibilidad de que el área inedificable
también compute a la hora de determinar la parcela mínima para
levantar una casa o que, entre otras cosas, se pueda regular la
ampliación de casas existentes en suelo rústico donde el uso de
vivienda esté prohibido.
El conseller de Presidencia, José Sala, hizo la exposición de
motivos de la proposición de ley, pero el diputado ibicenco Antoni
Marí Tur, del PP, fue quien la defendió. En su intervención, Marí
Tur, pidió al resto de partidos que tengan en cuenta «la
idiosincracia de los ibicencos y que el sistema de herencia y
reparto de la propiedad no es el mismo que en Mallorca y Menorca,
aparte de que se tiene que respetar la potestad del Consell de
elaborar normativa urbanística».
El diputado socialista Joan Boned cuestionó, en su turno de
réplica, si esta «palabrota de idiosincrasia» significa «aceptar
que Eivissa y Formentera es un nido de especuladores y corruptos
urbanísticos» y que, tal como dijo el fiscal de medio ambiente,
«las administraciones municipales gobernadas casi todas ellas por
el PP son claros y necesarios colaboradores de estos especuladores
e infractores urbanísticos». «Si eso significa la idiosincracia de
Eivissa, yo al menos no quiero saber nada», subrayó Boned.
Obviamente, el PSOE y el resto de grupos de la oposición votaron
en contra. «Lamento como conseller y ciudadano de Eivissa que la
primera iniciativa que lleva el Consell al Parlament sea para
desproteger territorio y para legalizar irregularidades y
aberraciones urbanísticas. Como ibicenco me duele», indicó Boned en
su intervención.
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