La Plataforma antiautopista ha abierto distintos frentes para
detener los dos grandes proyectos de carreteras pendientes: la
autovía del aeropuerto y el desdoblamiento de la carretera de Sant
Antoni. Al margen de las movilizaciones ciudadanas, el colectivo
'antiautopista' ha contratado al bufete de abogados mallorquín de
Ignacio Ribas, que es el mismo que ejerce la acusación, en
representación de Esquerra Unida, en el caso de ses Torres, con el
objeto de abrir la vía judicial.
La cuestión a saber es si realmente existen argumentos jurídicos
válidos para abortar los planes de carreteras del PP. Ignacio Ribas
explicó ayer a este periódico que, aunque no se ha definido ninguna
linea de actuación concreta, la acusación puede abrir tres frentes
distintos.
La legalidad del proyecto. El objetivo prioritario es claro:
detener los proyectos. Para ello, la primera vía pasa por la
interposición de un recurso contencioso administrativo en contra de
la aprobación definitiva de los proyectos en el caso de que existan
indicios de que no se ajusten a la legalidad. En este caso, el
bufete pediría la suspensión cautelar de las obras, según explicó
ayer el abogado mallorquín.
Para aplicar esta primera opción cabe estudiar, según el
letrado, «si el proyecto se ajusta a la legalidad». «Hay muchas
cosas a tener en cuenta: el impacto ambiental, la documentación y
estudios que exige la ley de carreteras y si existe o no
presupuesto para su ejecución», explica. Ignacio Ribas recuerda,
además, que la ejecución de las dos obras se enmarca en un convenio
con el Estado, que «ahora no está en vigor porque el Gobierno lo ha
denunciado».
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